La Acemi confirmó el sábado 13 de enero que las 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) enfrentadas a procesos judiciales por parte del Ministerio de Salud se preparan para ejercer su defensa legal.
En un giro de la situación, la asociación pone el foco en la insuficiente asignación por Unidad de Pago por Capitación (UPC) como causa principal por la que no se ha hecho uso de la reserva técnica.
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En recientes declaraciones, Ana Vesga, presidenta de Acemi, criticó la postura del Ministerio de Salud por optar por medidas judiciales en lugar del diálogo técnico solicitado por el sector. Además, señaló que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se enfrentan a “una crisis de insostenibilidad nunca antes vista”, apuntando a un problema estructural del sistema de salud en Colombia.
Acemi no solo expone la situación actual como crítica, sino que también refleja un ambiente cargado de tensiones entre las EPS y el Gobierno. La acusación del Ministerio apunta a una falta de inversión en la reserva técnica, mientras que las entidades de salud alegan que esto es consecuencia directa del bajo valor de la UPC, cuestionando así el modelo de financiamiento vigente.
Con esta defensa, las EPS buscan confrontar la acción del Ministerio y redirigir la conversación hacia la sostenibilidad del sistema.
Acciones legales contra EPS: Ministerio de Salud alega vulneración de derechos
El Ministerio de Salud de Colombia interpuso una demanda contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS), bajo instrucción del jefe de la entidad, Guillermo Jaramillo. La acción legal, encabezada por el director jurídico Rodolfo Enrique Salas Figueroa, alega que estas compañías habrían infringido derechos relacionados con la administración del patrimonio público, la moralidad administrativa, y el acceso eficaz y oportuno a los servicios de salud y seguridad social. La querella fue presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá.
Así mismo, el documento también exige que se ordene a las EPS tomar medidas inmediatas para asegurar el cumplimiento de las normativas constitucionales y de reservas técnicas, apuntadas a reforzar la garantía al derecho fundamental de la salud de los usuarios.
Además, el ministerio enfatizó sobre la necesidad de que las entidades demandadas realicen diferentes acciones preventivas que permitan mitigar cualquier daño emergente y así proteger los derechos colectivos de sus afiliados, los cuales se ven amenazados o vulnerados.
Del mismo modo, la cartera de Salud solicitó la realización de pruebas documentales y testimoniales con el fin de evidenciar las presuntas anomalías cometidas por las EPS implicadas.
Entre las EPS demandadas se encuentran nombres prominentes del sector como EPS Sura, Comfenalco Valle EPS, Salud Total EPS, Compensar EPS, Coosalud, y Sanitas SA EPS. La lista se extiende con Mutualser EPS, Unidad de Servicio Médico EPM, Comfaoriente, Famisanar EPS, Comfachocó, y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entre otras.
La acción legal toma en cuenta a un total de 21 entidades que ahora deberán enfrentar las acusaciones serias por parte del Ministerio de Salud y cuyo resultado podría incidir significativamente en el sistema de salud público del país.
La contienda legal entre las EPS y el Ministerio surge en un contexto donde la eficiencia y calidad de los servicios de salud son de preocupación constante para la ciudadanía.
El resultado de esta demanda podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de las Entidades Promotoras de Salud y la salvaguarda de los derechos de los pacientes en Colombia. La resolución de este caso es ahora tarea del sistema judicial, cuya decisión es esperada con expectativa tanto por los demandados como por los usuarios del sistema de salud colombiano.
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