En Colombia, el inicio de 2024 trae consigo un incremento en el precio de productos y servicios debido al aumento que estableció por medio de decreto el Gobierno nacional del salario mínimo en un 12,3%, lo que llevó a dicha remuneración al $1.300.000 (sin auxilio de transporte). Tras esto, ahora los trabajadores aguardan por la definición de la cuota monetaria de las cajas de compensación, la cual se espera tenga un incremento similar al de 2023, cuando se dio entre un 12% y 15%.
La Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF), entidad es la encargada de determinar dicho monto anualmente, basado en la información aportada por las cajas de compensación, indicó en enero de 2023 que el año anterior (2022) el incremento fue del 15%, estableciendo la cuota entre $37.291 y $74.911 mensuales; cifras que varían según el departamento.
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Entonces, si se hace el mismo aumento, estas cuotas quedarían entre $42.884 y $86.147.
El subsidio familiar es una prestación social dirigida a trabajadores de ingresos medios y bajos, afiliados a una caja de compensación y que no superan los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aproximadamente, son 9.419.261 de trabajadores, representando el 91% del total de afiliados, los que recibirán el subsidio que asisten a personas a su cargo, como menores de 18 años de edad, padres mayores de 60 sin ingresos, personas con discapacidad y hermanos huérfanos menores de 18 años de edad dependientes económicamente.
Es importante destacar que los afiliados a una caja de compensación familiar tienen un plazo de tres años para reclamar el subsidio familiar; de no hacerlo, perderán este beneficio social, según la normativa vigente en Colombia. Así, los trabajadores deben estar atentos para no dejar pasar la oportunidad de acceder a esta ayuda económica.
Cómo es el manejo del subsidio familiar en las cajas de compensación
Es de anotar que cada caja de compensación maneja los subsidios familiares de forma diferente. Estas tienen definidas normas concretas para el acceso a subsidios de parte de sus afiliados, quienes deben cumplir ciertos requisitos como acreditación de escolaridad para menores a cargo y certificación de discapacidad emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Estas medidas impactan a una cifra estimada de 9.419.261 afiliados, lo que representa al 91% del total, con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales, y que según la Superintendencia de Subsidio Familiar, resultaría en un desembolso cercano a los $3,1 billones.
Compensar y Colsubsidio, dos prominentes operadores de estas cajas, establecen condiciones como la presentación del último boletín de notas o el recibo de matrícula pagado para dependientes en edad escolar y un mínimo de 96 horas de trabajo durante el mes para acceder a estas ayudas económicas.
Además, Colsubsidio especifica que si el afiliado tiene cónyuge, este no debe ganar más de seis salarios mínimos para que cualquiera de los dos sea elegible para el subsidio, poniendo en evidencia el esfuerzo de las entidades por ajustarse a la situación económica de los usuarios.
Estos programas de asistencia social coexisten con otros impulsados desde el Gobierno nacional, como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que operan desde 2000 y 2001 respectivamente. Además, se está debatiendo una nueva iniciativa denominada Tránsito a Renta Ciudadana, con el objetivo de asistir a hogares en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, lo que reafirma el enfoque asistencialista del Estado en procura del bienestar general de la población más necesitada.
No obstante, sobre esta última se habrían presentado manejos inadecuados en las inscripciones al programa y por eso Prosperidad Social decidió suspender de manera temporal las inscripciones a la iniciativa y comunicar de manera inmediata a quienes apoyan estos procesos en los diferentes territorios a nivel nacional.
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