En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro estampó su firma en el decreto de gratuidad educativa para programas de pregrado, medidas que favorecerá directamente a los estudiantes de universidades públicas en el país. Esta herramienta da paso para que el Gobierno cubra el costo de las matrículas de diferentes programas de educación superior, tema del que ya se venía hablando desde hace algún tiempo por parte del mandatario nacional.
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Esta reglamentación es un esfuerzo por cumplir con las promesas de campaña del presidente Petro, contexto que fue reiterado de manera constante previo a su elección, y responde a las necesidades de una población estudiantil que demanda más y mejores oportunidades educativas. Así mismo, la decisión se toma en medio de la controversia entre el presidente y Javier Milei en Argentina frente al tema educativo y la no financiación de este, situación que ha sido señalada por Petro.
El decreto detalla el proceso para que finalmente quede reglamentada la denominada política de gratuidad en programas de pregrado, que tal como se mencionó, está enfocado en carrera en universidades públicas. El argumento del gobierno de Gustavo Petro se basa en la necesidad de barreras de acceso a la educación como derecho vital, además de garantizar el desarrollo educativo de los colombianos mediante la igualdad.
Si bien, esta normativa es de gran importancia para el sector educativo en el país, no se aplicará de manera radical; pues se debe tener en cuenta que todo proyecto es de aplicación gradual. Así lo confirmó el Gobierno en el decreto, en donde aseguró que el proyecto se implementará en modo progresivo y gradual, ajustándose así, a la disponibilidad del presupuesto que esté asignado.
“La Política de Gratuidad se implementará de acuerdo con el principio de progresividad, buscará la universalidad de manera gradual y se ajustará a la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo”, dicta el decreto.
Dentro de las instituciones que deberán cumplir con esta medida, destacan todas las que estén directamente vinculadas al Estado, tales como el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Icetex, teniendo en cuenta que están en su mayoría rigen dentro de instituciones de educación pública.
El decreto establece:
Los beneficiarios deberán brindarles a las instituciones educativas toda la información requerida de manera oportuna, para poder acceder al programa, así mismo, serán estos los encargados de asumir los gastos adicionales que no hacen parte del beneficio, tales como derechos de grado, entre otros.
“Brindar a las instituciones de educación superior públicas oportunamente toda la información veraz y documentación que se requiera para el acceso a la Política de Gratuidad(...) Asumir los costos de los derechos pecuniarios no cubiertos por la Política de Gratuidad en la matrícula”, se destaca en el decreto firmado por el presidente.
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