En el corazón del municipio de El Banco, en Magdalena, una historia de violencia intrafamiliar y homicidio, según las autoridades, ha conmocionado a la comunidad. Tres personas, identificados como Ingris Paola Salcedo Galvis (26 años), Elwuis Rodríguez Alvarado, conocido como el Pirata (42 años), y Martha Elena Galvis Chaparro (67 años), fueron detenidos en una operación conjunta entre la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y la Fiscalía 23 del Banco.
El 8 de diciembre, una bebé de tres meses, ingresó sin signos vitales a un centro médico. El informe médico reveló lesiones en diversas partes del cuerpo, incluyendo una reciente fractura de cráneo y “maltrato físico en la región abdominal”, según indica el informe médico.
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Los cargos imputados a los detenidos incluyen homicidio en concurso heterogéneo y sucesivo de violencia intrafamiliar, esto porque según lo informado por el coronel Yorgui Orlando Malagón Hernández, comandante del Departamento de Policía Magdalena, existe la falta de explicaciones convincentes por parte de los padres sobre la presunta causa de la muerte de la bebé, lo que desencadenó una exhaustiva investigación.
El proceso incluyó entrevistas, declaraciones juradas, análisis de información y búsqueda en bases de datos, destacando la colaboración entre las autoridades. Ingris Paola Salcedo Galvis, la madre; Elwuis Rodríguez Alvarado, el padre con antecedentes por violencia intrafamiliar agravada; y Martha Elena Galvis Chaparro, la abuela, con antecedentes por obtención de documento público falso, fueron identificados como los presuntos responsables de la tragedia.
Las capturas se llevaron a cabo en el barrio 10 de Julio, y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía 23 Seccional de El Banco. Tras una audiencia, un juez determinó que deberán enfrentar medidas de aseguramiento mientras avanza la investigación.
La comunidad de El Banco se encuentra indignada tras este caso de violencia intrafamiliar y abuso infantil, solicitando urgentemente que las investigaciones avancen para esclarecer los hechos que envuelven este asesinato.
Entre tanto, existe una realidad alarmante en Colombia respecto a la violencia contra la población infantil, donde la crudeza de los números revela una urgente necesidad de acción. Según la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, los primeros ocho meses de 2023 dejaron un trágico registro de 8.295 delitos sexuales contra menores de edad en todo el país.
Desglosando esta preocupante cifra, se identifican aproximadamente 4.605 casos dirigidos a niños y niñas, mientras que 3.690 situaciones afectaron a adolescentes. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación, en el marco del “Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”, en el pasado mes de noviembre, ha solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) información sobre el avance en la implementación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, diseñado para ofrecer una prevención y protección más efectiva.
En un comunicado emitido por la procuradora Margarita Cabello, se destaca que entre enero y agosto de 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 12.899 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en la primera infancia, infancia y adolescencia. Más de once mil menores, en su mayoría del sexo femenino, han sido acogidos por el ICBF tras ser víctimas de violencia sexual.
Enfocándose en la prevención, la Procuraduría resalta la importancia de la vigilancia y monitoreo en los centros educativos, considerando estos espacios como cruciales para evitar que la población estudiantil sea blanco de individuos inescrupulosos. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) revela que de los casos reportados, 1.123 corresponden a instituciones educativas oficiales y 228 a colegios no oficiales.
El Sistema de Alertas del Distrito Capital añade preocupación al registrar 2.411 situaciones tipo III hasta el 30 de agosto de 2023, incluyendo actos de violencia sexual ocurridos dentro de las instalaciones escolares, en redes sociales e involucrando a docentes o compañeros de estudio. Es evidente que la problemática del abuso sexual infantil sigue siendo un desafío significativo para las autoridades y las organizaciones de protección a la niñez en Colombia.
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