El miércoles 20 de diciembre de 2023, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló los 34 nombres de expertos que integrarán la comisión que construirá la reforma a la justicia, de la cual no aparece el nombre de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ni de ningún otro delegado para integrar dicha comisión.
El nombre de algún funcionario de la Procuraduría General de Nación resultaba relevante debido a que uno de los puntos que se piensa discutir en la elaboración del conjunto de proyectos es una reestructuración a las funciones del mencionado órgano de control.
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La funcionaria recalcó que esperará la oportunidad para defender las funciones que desempeña la Procuraduría, la cuales, según ella, son fundamentales para el desarrollo de la “democracia participativa” en el país:
La procuradora negó la posibilidad de que eleve una solicitud al ministro Osuna para que dicho órgano de control integre la comisión:
La procuradora también defendió su potestad para destituir mandatarios elegidos popularmente, lo cual ha sido uno de los argumentos para salirle al paso a las decisiones de la Procuraduría, debido a que en un fallo de la Corte Constitucional, conocida en febrero de 2023, que indicó que la función de la Procuraduría es netamente administrativa y no tiene funciones jurisdiccionales. Los resultados de las investigaciones a funcionarios elegidos popularmente deben ser condenadas por el Consejo de Estado:
“Lo que ya se había dicho en la ley 2094 de 2021, en el sentido que la Procuraduría General de la Nación mantiene la potestad de sancionar disciplinariamente, con destitución e inhabilidad, a funcionarios electos popularmente que se encuentren en el cargo, específicamente que se encuentren en el cargo. (...) La Corte en esa sentencia, en la C030, también ordena que se regule un estatuto disciplinario, que sea un estatuto en notariado, por ejemplo, como existe un estatuto en las reglas especiales para algunos funcionarios específicamente. (...) de todos modos, es claro, que la orden constitucional de sancionar a electos, popularmente, es una orden de carácter constituyente” añadió la procuradora, en relación con la sentencia de la Corte Constitucional emitida en agosto de 2023, indicando que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios elegidos popularmente, pero que estén activos en el cargo.
Una de las voces que ha pedido que no se reforme la Procuraduría, sino que se elimine, ha sido el exvicepresidente Germán Vargas Lleras: “La Procuraduría no hay que reformarla, hay que acabarla del todo. Si ya aceptamos la providencia de la Corte Interamericana de Derechos, si la Procuraduría no va a estar investida de funciones para disciplinar a los aforados, ni a los elegidos popularmente, ni a los congresistas, esa entidad ha perdido su razón de ser”, sostuvo en entrevista con La W.
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