La investigación sobre las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro Urrego a la Presidencia de la República tiene una nueva actualización. La entidad de control ha llamado a versión libre al ciudadano Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñó como gerente de campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico en 2022.
Roa insiste en la legalidad de su conducta a pesar de la apertura de la investigación disciplinaria, la cual se basa en un informe de la Fiscalía General, que fue proporcionado a la Unidad Investigativa de El Tiempo. Según dice el documento de la Procuraduría que oficializa la investigación disciplinaria, el origen de esta se relaciona con el “presunto actuar irregular del ciudadano Ricardo Roa Barragán en sus funciones como gerente de campaña presidencial (2022) del ciudadano Gustavo Petro”.
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Desde el pasado 12 de diciembre el Ministerio Público resolvió investigar a Roa luego de que él mismo rindiera declaraciones después de que Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, admitiera en agosto de 2023 ante la Fiscalía que la campaña de su padre, por lo menos en el Atlántico, sí había recibido dineros de forma irregular.
La Procuraduría emitió las siguientes decisiones para la investigación de Roa:
- Solicitar la documentación vinculada con la inscripción de las campañas presidenciales para el período 2022-2026 en relación con la rendición de cuentas de las campañas electorales.
- Establecer si en la campaña presidencial de Gustavo Petro se recibieron recursos públicos.
- Escuchar en versión libre al investigado.
- Obtener la copia del informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo mencionado.
- Solicitar información completa sobre la identificación de la persona o personas que actuaron como gerente(s) de campaña y/o representante(s) legal(es) en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Se lee en el reporte de la Procuraduría que la petición de trasladar el informe de la Fiscalía al Ministerio Público la elevó el presidente de la ONG Mipofaamcol, una organización cuya misión es integrar de “manera exitosa” al personal de Fuerza Pública y a su familia.
Por otro lado, y de forma paralela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) también está reuniendo pruebas para establecer si hubo o no un manejo irregular de los recursos para la campaña de Petro en las dos vueltas presidenciales.
Sobre este tema, Nicolás Petro, quien tiene un proceso en curso y es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, señaló hace semanas a Euclides Torres, empresario de la costa, de ser el que orquestó los sobrecostos en la financiación de la campaña Petro, sin reportar tales recursos. Este fue el punto clave por el que el CNE también emprendió una investigación que busca establecer quienes son los involucrados en las presuntas deficiencias al gestionar la campaña de Petro presidente en 2022.
Nicolás Petro admitió haber solicitado y recibido contribuciones a nombre de la campaña de su padre. Aunque la mayoría de estos fondos, dice él, se destinaron a la adquisición de propiedades a título personal, también se asignaron algunos recursos para eventos políticos.
Cabe recordar que Semana conoció un audio en el que, supuestamente, Armando Benedetti recordaba a Laura Sarabia que él había obtenido 15.000 millones de pesos para la campaña en el Caribe.
El organismo de control nacional ha tomado decisiones de fondo en relación con este asunto disciplinario, marcando un hito en la investigación que busca esclarecer las circunstancias en torno al ingreso de recursos vinculados a la mencionada campaña presidencial.
La Procuraduría también investiga a pareja de Roa
El 20 de diciembre se conoció que la pareja de Ricardo Roa también estaba bajo la lupa del Ministerio Público. La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra Carlos Julián Caicedo Cano, compañero sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
A Caicedo Cano se le señala de una presunta violación al régimen de inhabilidades al haber suscrito un contrato con la Institución Universitaria Pascual Bravo en Medellín mientras desempeñaba el cargo de asesor en el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Adicionalmente, se le acusa de otro incumplimiento disciplinario relacionado con su función como asesor en la dirección del Invías: habría incumplido su contrato. Se presenta como evidencia fotografías de sus viajes por el mundo, compartidas en redes sociales, durante períodos en los que se esperaría estuviera dedicado a sus responsabilidades laborales.
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