El recrudecimiento de la violencia tienen en vilo a la región del Pacífico colombiano. Un nuevo caso de violencia en la región ocurrió en zona rural del municipio de Nóvita, al sur del departamento del Chocó, donde dos emberas katíos, del resguardo Sabaleta-San Onofre-El Tigre, en el sitio conocido como Alto Tamaná, fueron víctimas de minas antiersonal.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las víctimas fueron identificadas como Inés Guaravata Cerezo, que perdió la vida, y su hija, de tan solo doce años, que resultó seriamente afectada. Las dos adelantaban labores agrícolas cuando fueron sorprendidas por la trampa explosiva.
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La señora, que tenía 42 años, según la información recabada por Defensoría, murió al instante, y la niña, con heridas de consideración en varias partes de su cuerpo, incluido uno de sus ojos, fue evacuada del lugar por las autoridades locales y llevada a un centro de salud especializado, donde es atendida por un cuerpo médico interdisciplinario.
En la región ya había una alerta vigente, dados los riesgos para los habitantes de la cabecera municipal y las zonas rurales de Nóvita, derivados del accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona, como la guerrilla del ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o clan del Golfo.
Estas estructuras armadas buscan consolidar el control territorial para robustecer el negocio de sus economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el cobro de extorsiones al comercio.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a que todas las instituciones competentes pongan en marcha medidas de prevención y protección para las comunidades de esa subregión del San Juan, y darles garantías para que puedan ejercer sus labores agrícolas, que día a día, como único medio de sustento, desarrollan.
Además, solicitó implementar acciones para evitar un confinamiento masivo, pues cuando algún morador es víctima de una mina antipersonal, las comunidades, por miedo a ser blanco de una mina antipersonal, terminan aislándose.
Igualmente, la Defensoría ordenó que señalen con prontitud los sitios exactos donde las instalaron minas antipersona, para que el desminado pueda ser llevado a cabo con éxito por las autoridades especializadas y encargadas para tan riesgosa y desafiante labor.
“Los grupos armados ilegales, particularmente los que adelantan conversaciones de paz, deben indicar dónde sembraron las trampas explosivas, principal hecho victimizante que no solo genera confinamientos, también desplazamientos y la muerte de civiles”.
La entidad ha reiterado que la población civil no puede seguir siendo víctima de las hostilidades, de los artefactos explosivos que contrarían el derecho internacional humanitario y violan los derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y seguridad. “Es algo que no puede seguir ocurriendo en Chocó, ni en ninguna región del territorio nacional”.
El confinamiento de comunidades ha sido una constante en los dos últimos años. Mientras en 2022 se presentaron 92 eventos entre el primero de enero y el 20 de junio, en el mismo periodo del 2023 se registraron 89. Es decir, se confinaron 103 comunidades, el equivalente a 5.825 familias, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Tan solo durante los primeros seis meses de 2023, Chocó se situó como el departamento con más confinamientos, ya que registró 70 eventos de los 89 que se contaron en todo el país; es decir, representó el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.
Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca y Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
“Es urgente advertir que las comunidades prefieren confinarse a desplazarse, y la razón es que la atención de emergencia que brinda el Estado no es buena y no se entrega de manera oportuna”, explicó el defensor Carlos Camargo Assis.
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