En Colombia se ha registrado un aumento en la cantidad de acciones de tutela presentadas ante la Corte Constitucional en 2023. Este mecanismo, destinado a la protección de los derechos fundamentales, ha alcanzado una cifra récord, según lo revelado por NotiCentro1 CMI en su segmento “Secretos CMI”.
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Este aumento sugiere una mayor conciencia y utilización de la acción de tutela por parte de los ciudadanos colombianos cuando ven afectados sus derechos. Adicionalmente, refleja posibles carencias en la atención y los servicios que deben brindar tanto entidades públicas como privadas.
La Corte Constitucional se enfrenta a un gran desafío dado el volumen de tutelas recibidas. Cabe destacar que no todas las solicitudes son estudiadas a profundidad, ya que “pese a la avalancha de expedientes, la Corte solo puede escoger para estudio contadas tutelas que pasan por las salas de selección, que se conforman mensualmente con dos magistrados”.
El informe de la corte también reveló que las áreas prioritarias sobre las que los colombianos están solicitando protección mediante la acción de tutela están directamente vinculadas a necesidades básicas y a derechos fundamentales.
En particular, se destaca que una proporción significativa de estas tutelas se asocia con el sector de la salud. “Según el informe de la Corte, la mayoría de las peticiones de los colombianos están relacionadas con el acceso a la salud: de cada 100 tutelas, 25 tienen que ver con este derecho”, afirmaron desde la Corte Constitucional. Este dato es indicativo de los problemas que enfrentan los ciudadanos para ejercer un derecho tan valioso como lo es la atención médica.
Otros derechos por los cuales los ciudadanos han solicitado amparo incluyen el debido proceso, el derecho al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad humana y al acceso a la justicia. La elevada cifra de tutelas manifiesta una búsqueda de equidad y justicia por parte de la población, enfatizando en la necesidad de políticas y reformas que garanticen de manera más efectiva estos derechos.
La Corte Constitucional de Colombia, como guardián de la Constitución Política de 1991, se enfrenta al reto de procesar un número históricamente alto de tutelas, lo que requiere un esfuerzo en términos de recursos y logística para poder brindar una respuesta efectiva y oportuna a las demandas de protección constitucional de los ciudadanos.
Corte Constitucional amparó a patinadora para pensión de invalidez
La Corte Constitucional protegió los derechos de Rosa, expatinadora profesional que sufrió una pérdida de capacidad laboral del 93,40% tras ser diagnosticada en 2001 con un tumor cerebral. A pesar de la cirugía, su hermana Laura enfrentó la negativa del fondo de pensiones al solicitar una pensión de invalidez, argumentando que no cumplía con las cotizaciones requeridas.
Ante el deterioro de la salud de Rosa y la respuesta negativa del fondo de pensiones, Laura interpuso una acción de tutela para reclamar los derechos fundamentales de su hermana. La Corte, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, decidió el 18 de diciembre de 2023 a favor de la exdeportista, invocando el principio de favorabilidad, un aspecto definido en la Constitución Política de Colombia.
El alto tribunal halló aplicable de manera retrospectiva una normativa más favorable, pese a que Rosa cotizó bajo una ley anterior que requería menos semanas de aportación. Determinaron que, como el diagnóstico definitivo se estableció en 2022, correspondía aplicar la Ley 860 de 2003, que modificó los requisitos de cotización de la Ley 100 de 1993. Esto permitió conceder finalmente la pensión de invalidez a Rosa, validando la protección de sus derechos.
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