Ministro de Justicia anunció que la reforma a la justicia consideraría “retoques” a la Constitución del 91: cuáles serían

El Ministro de Justicia Néstor Osuna manifestó que el 15 de enero se conformará una comisión de expertos cuyos integrantes ya están confirmados, con el objetivo de proponer no una, sino varias reformas al sistema de justicia de Colombia mediante diversos proyectos de ley, que incluirían modificaciones a la Constitución de 1991.

Las reformas, que contemplan cambios en materia penal, de familia y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, buscarán un fortalecimiento y ampliación del sistema judicial del país, según las declaraciones que dio el titular de la cartera de Justicia.

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Y aunque la comitiva de 34 expertos ya quedó integrada, parte de las declaraciones que dio el ministro Osuna se relacionaron con los posibles cambios constitucionales que se llevarían a cabo por medio de proyectos de ley, con miras a lograr una reforma a las falencias de la justicia actual.

El ministro tampoco dejó de lado la posibilidad de cambios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Pese a que según el funcionario no se trata de una reforma a la Carta Magna, habría lugar para “retoques” a la Constitución Política de 1991.

Durante la presentación del equipo de expertos expresó que “seguramente, habrá algún retoque a la Constitución que sea necesario, no una gran reforma a la Constitución, pero sí algún retoque y algunos proyectos de ley”.

De esa manera, según un análisis que publicó Semana, y con base en las palabras del ministro de Justicia, estas modificaciones sugeridas por el Gobierno Petro abordarían, entre otros puntos, las facultades sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación, para limitar su capacidad de sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios elegidos por voto popular.

Este tema ha resultado un tanto álgido, especialmente en el gobierno actual, que desde Presidencia ha cuestionado las capacidades sancionatorias del Ministerio Público.

Para contextualizar, esta controversia tiene que ver con la previa polémica entre el presidente Gustavo Petro con el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá, y además, a la senadora Piedad Córdoba.

Por otra parte, en línea con lo que publicó el mencionado medio, se prevé la posibilidad de ajustar las reglas sobre la acción de tutela, uno de los pilares de la Carta Magna del 91, principalmente sobre sus alcances y los casos en los que contradicen a sentencias. Otro posible ajuste sería en aras de garantizar un presupuesto mínimo para la rama judicial con el fin de proporcionar una justicia más accesible y eficiente en Colombia.

El ministro Osuna argumentó que es necesario proveer un mejor sistema de justicia para responder a las demandas de la sociedad colombiana. Esto implica no solo un aumento en la cantidad de despachos judiciales, sino también la mejora en las condiciones laborales y la dotación de tecnología y digitalización para el sector. En definitiva, las reformas propuestas por la comisión de expertos tienen como objetivo un poder judicial más robusto y servicio a la ciudadanía.

Al respecto, el ministro dijo: “El primer problema que tiene la justicia es que es muy poquita para las dimensiones de la sociedad colombiana. Entonces, la reforma en la que estamos pensando se podría resumir en la palabras “más justicia””, indicó, a la vez que explicó que este concepto tenía que ver con una actualización del sistema judicial no solo en términos de la tarea que ejecutan, sino en cuanto a las condiciones de la logística del sistema de justicia.