Colombianos dueños de la discoteca que se incendió en España fueron acusados de homicidio imprudente

En la madrugada del pasado 1 de octubre, un devastador incendio en la zona de ocio nocturno Atalayas, en Murcia, dejó un saldo trágico de trece personas fallecidas. La titular del juzgado de Instrucción número tres de Murcia ha iniciado una exhaustiva investigación que ha llevado a la citación de seis personas en calidad de investigados, entre ellos los gerentes o administradores de las discotecas Teatre y Fonda Milagros.

Según indicó la jueza en la diligencia ocurrida en la mañana de este lunes 18 de diciembre, a seis personas, incluyendo a los gerentes de Teatre y Fonda Milagros, la encargada de Teatre la noche del incendio, el organizador de la fiesta We are remember y el controlador de la máquina de fuego frío utilizada en el local les fueron imputados el cargo de homicidio imprudente.

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La magistrada también ha dispuesto la comparecencia de nueve testigos que estuvieron presentes en las discotecas esa fatídica noche, ofreciéndoles acciones y citándolos para reconocimiento médico. Paralelamente, se llevará a cabo un informe pericial sobre las máquinas de fuego frío intervenidas, con el objetivo de determinar su estado y las instrucciones de uso, especialmente en lo concerniente a la seguridad contra incendios.

Uno de los elementos destacados en la investigación es la dificultad que enfrentaron los bomberos para acceder a la discoteca Teatre a través de su puerta trasera de emergencia, la cual estaba cerrada con una reja de acordeón a dos alturas con candados. El informe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia revela la complejidad de la operación y los obstáculos encontrados en el proceso.

El siniestro involucró a víctimas de diversas nacionalidades, incluyendo colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos y españoles. Cabe resaltar que, según los bomberos, las víctimas no fueron localizadas en Teatre, sino en el local anexo, Fonda Milagros. El hallazgo de los cuerpos se vio dificultado por la presencia de escombros y la mimetización con el entorno ennegrecido, lo que complicó la tarea de rescate.

Además, el incendio fue tan violento que la mayoría de las víctimas quedaron completamente calcinadas, lo que ha requerido la colaboración de los familiares para proporcionar muestras de ADN a fin de identificar los cuerpos.

Esta tragedia también ha revelado aspectos relacionados con la situación legal de la discoteca Fonda Milagros, que, según el Ayuntamiento de Murcia, tenía una orden de cierre desde octubre de 2022 por falta de licencia vigente para operar, aunque el establecimiento ha afirmado que sus papeles estaban en regla.

Según indicó la magistrada, actualmente existe el registro de más de 1.500 archivos que podrían revelar lo que ocurrió aquella noche en el club nocturno, por lo que existe expectativa en torno a la evolución de la investigación, mientras se espera que las diligencias del juzgado y la valoración de los peritos arrojen luz sobre las causas y responsabilidades detrás del suceso que sacudió a Murcia y que dejó un saldo trágico de 13 muertos.

La Policía Nacional ha informado de la captura de tres personas en Santiago de Compostela y una más en Guadalajara, acusadas de formar parte de una organización dedicada a la explotación laboral de trabajadores extranjeros, principalmente de origen colombiano, en el sector de la distribución de paquetería.

La operación, que comenzó en agosto tras advertencias de posibles delitos de explotación, resultó en inspecciones en dos centros de distribución de paquetes en Santiago de Compostela y Ourense. Los arrestados ofrecían falsas oportunidades laborales en Europa, manipulando a las víctimas con promesas de salarios dignos, alojamiento y ayuda con trámites migratorios para legalizar su estancia en el país. La Policía Nacional argumenta que las ofertas se dirigían específicamente a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Según los reportes, las víctimas eran sometidas a jornadas extenuantes de hasta 15 horas diarias sin contratos legales, bajo amenazas y sanciones injustificadas que resultaban en la no remuneración de sus servicios. Este esquema aprovechaba la desesperación y el miedo al deterioro de la situación personal y legal de los trabajadores para mantener la explotación. La Policía Nacional ha identificado hasta el momento a 18 afectados por la red criminal, mientras continúa la búsqueda de más posibles víctimas.

En respuesta a las detenciones, los tres sospechosos capturados en Santiago de Compostela ya han sido presentados ante la justicia y han ingresado en prisión. Mientras tanto, la operación sigue en marcha, no solo para encontrar y asistir a más víctimas, sino también para desarticular completamente la red delictiva.