La JEP entregó 18 cuerpos que no habían sido identificados a sus familiares

En un acto llevado a cabo el 10 de diciembre en Villavicencio, departamento del Meta, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la entrega digna de 18 cuerpos identificados, previamente recuperados en San José del Guaviare. Estas víctimas, algunas de desaparición forzada, se encontraban entre los 23 cuerpos no reclamados identificados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

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Las familias, provenientes de cinco departamentos colombianos, recibieron a sus seres queridos después de una ardua búsqueda inversa emprendida por la institución.

La entrega se enmarca dentro de las medidas cautelares implementadas para proteger áreas potenciales de hallazgo de individuos desaparecidos en el conflicto armado. La búsqueda inversa constituye un esfuerzo sistemático de la JEP de contactar a familiares de las víctimas, que en este caso, facilitó la entrega digna a más de diez familias en Meta, Guaviare, Caquetá, Cundinamarca y Valle del Cauca.

El proceso de identificación involucró una colaboración entre varias entidades, entre ellas el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La tarea de confirmar la identidad de los cuerpos y localizar a las familias requirió un trabajo meticuloso de reprocesamiento de datos forenses y gestiones de policía judicial. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, con la labor del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, ha liderado estas acciones encaminadas a ofrecer resolución y dignidad a las familias afectadas.

Las entregas dignas coincidieron con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), destacando la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta fecha significativa, la JEP resalta los resultados obtenidos tras el esfuerzo conjunto para proveer justicia a las víctimas negadas durante años.

La JEP trasladó a su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a más de 100 militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el departamento de Huila durante el período de 2002 a 2008. Estos militares, que no fueron identificados como máximos responsables, enfrentarán ahora un proceso para establecer las sanciones correspondientes a los crímenes vinculados con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate.

Entre los 103 uniformados convocados por la JEP, se encuentran soldados profesionales y suboficiales que en su momento ejercieron como comandantes de sección dentro de la Novena Brigada del Ejército Nacional y otras unidades tácticas en Huila. Igualmente, la Sala de Reconocimiento de la JEP dispuso investigar la participación de civiles en la categoría de “orientadores” o “informantes” en operaciones militares marcadas por los homicidios perpetrados bajo la modalidad de combate simulado, y revisar a otras 453 personas mencionadas en diversos informes y procesos como coautores en estas muertes presentadas ilegítimamente.