
La gerencia de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), liderada por Fulvio Leonardo Soto, se encuentra en medio de una controversia porque a menos de un mes para la conclusión del mandato de Jorge Iván Ospina, se ha anunciado una invitación pública para adjudicar un contrato por la suma de 113.312 millones de pesos.
El objeto de este contrato es prestar servicios para monitorear y reducir las pérdidas de energía, así como para localizar y normalizar irregularidades en este sentido, instalar nuevos servicios, gestionar suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones en el área de cobertura de Emcali. Según el documento divulgado por medio El País Cali, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de treinta y seis (36) meses a partir de la firma del acta de inicio.
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Sin embargo, ad portas de que acabe el tiempo de la administración de Ospina, miembros del Concejo y grupos sindicales han pedido que se suspenda dicho proceso y que, en cambio, se deje en competencia del gobierno entrante: el del alcalde electo, Alejandro Éder. Uno de los cuestionamientos principales sobre esta decisión es: ¿por qué esperar hasta el último momento para llevar a cabo esta iniciativa?

Al respecto coincidió el, también, concejal Roberto Ortiz, quien agregó: “De entregarse el contrato deberá ser vigilado minuciosamente por los organismos de control”.
Sobre el tema, Emcali respondió y dijo que este contrato se hace para reducir pérdidas de energía de forma oportuna.
La Contraloría ya le ha puesto lupa a contratos en la Alcaldía de Ospina
En abril de 2023, la Contraloría General ordenó que se le congelaran todos los ingresos al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras descubrir presuntas irregularidades en contratos que ascienden a cifras millonarias. Ospina habría participado en una presunta red de corrupción que incluiría, principalmente, a Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Los contratos en cuestión, que oscilan entre 30 y 700 mil millones de pesos, están relacionados con el intento de dotar a la capital del Valle del Cauca con un sistema de cámaras de seguridad. La Contraloría, según conoció Semana y El País de Cali en su momento, sostuvo que no solo se habría gastado en exceso en la contratación de estas cámaras, sino que también se habrían desviado fondos de Emcali para otros fines.
Según los medios mencionados, lo que habría hecho Ospina consistió en la emisión de un decreto en diciembre de 2020: se le otorgaba poder a la Secretaría de Seguridad para la implementar las herramientas de videovigilancia en la capital del Valle. La contratación se llevó a cabo con la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Impretics), empresa que se encargó de suministrar los elementos necesarios, pero, al parecer, sin el debido proceso de licitación.

La Contraloría ha señalado que, hasta el momento, la administración de Ospina no ha logrado justificar el destino de varios millones de pesos que, según las acusaciones, se desviaron durante el Paro Nacional del 2021, cuando Cali fue epicentro de violentas manifestaciones.
En cuanto a los funcionarios de Emcali involucrados, la Contraloría ha identificado un detrimento de más de 14 mil millones de pesos destinados a obras de tratamiento de agua para beneficiar a 700 mil caleños. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado la obra ni se disponen de los recursos para llevar a cabo ese proyecto, generando un cuestionamiento adicional sobre la gestión de fondos públicos en la ciudad.
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