De manera provisional, la Contraloría General de la República suspendió al director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, por no allegar información sobre la reconstrucción de los municipios de Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico), donde se registraron dos avalanchas, en 2017 y 2022, respectivamente, que afectaron a cientos de personas.
En noviembre de 2023, el vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, calificó como un “completo desastre” la intervención de la Ungrd en Piojó, debido a la falta de ejecución del presupuesto. Además, afirmó que está en camino a convertirse en el “segundo Mocoa”.
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La desatención de los municipios tuvo como consecuencia que el ente de control solicitara información al respecto, pero el director no ha asistido a audiencias de seguimiento ni a un espacio de rendición de cuentas con la comunidad que el vicecontralor había convocado.
El comportamiento del director general fue calificado a título de culpa grave y representa una negligencia de su parte, teniendo en cuenta que la Contraloría no ha podido investigar los avances en la reconstrucción de los municipios y, en esa medida, se ha complicado el brindar información oportuna a las comunidades al respecto.
Así las cosas, por una decisión tomada dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio que pesa sobre él, López Martínez quedará suspendido por un mes y tendrá tres días para presentar alegaciones y pruebas.
En ese caso, la decisión será estudiada por la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría y, de ser confirmada, el presidente de la República, Gustavo Petro, deberá hacerla efectiva. El organismo de inspección y vigilancia también advirtió que, debido a su conducta, podría verse obligado a pagar una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
¿Qué pasó en Mocoa y en Piojó?
En 2017, el desbordamiento de tres ríos generó una avalancha en Mocoa y dejó a su paso más de 300 personas muertas y más de 1.300 damnificados. En el lugar se tenía prevista la ejecución de obras de mitigación que, al parecer, están inconclusas, a pesar de que han pasado más de seis años desde la tragedia.
Por su parte, en 2022, un deslizamiento de tierra ocurrido en Piojó afectó a 82 familias, además de 80 viviendas, varias calles y el cementerio del pueblo. La grave situación en la que quedaron los afectados sigue sin resolverse por completo debido a la aparente inacción de la Ungrd, que ha dejado de ejecutar más de 1,2 billones de pesos de los 1,6 billones asignados a la entidad.
En el municipio se compró un lote de 1.250 millones de pesos para construir viviendas para las personas damnificadas, pero, hasta el momento, no se cuenta con un diseño específico para las obras. Además, hay personas que viven en arriendo y no han recibido subsidios de pago para ello, por lo que deben ya entre tres y cuatro meses de hospedaje.
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