
En una sorprendente y polémica decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha generado fuertes críticas al “incorporar” a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, al Ejército Nacional como miembro “funcional y material”, alegando que fue parte integrante de la institución entre los años 1989 y 2004.
Estas acciones, denunciadas por el excomisionado de Paz Camilo Gómez, han desencadenado una serie de preocupaciones sobre la dirección que está tomando el proceso de justicia transicional en el país.
Gómez, en una entrevista entregada a El Tiempo, expresó su descontento con la JEP por incluir a un miembro de las AUC, aun cuando desde la creación de la jurisdicción especial aclaró que no juzgaría a paramilitares, pues para este grupo se creó una justicia específica.
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Sin embargo, se habrían usado triquiñuelas para incluir el testimonio de Mancuso, que pondría sobre el estrado a nuevos involucrados basados únicamente en las declaraciones del exjefe paramilitar.
“Es de las cosas más desafortunadas que he visto, desde el punto de vista jurídico e histórico. La JEP se arroga una función que no tiene: definir que Mancuso usurpó funciones públicas, y que actuaba siempre con los militares y con los empresarios, y con funcionarios públicos, y por lo tanto se convirtió en una parte de la Fuerza Pública”, señaló el ex comisionado de paz al medio citado.

Según indicó Gómez, la extralimitación de funciones de la JEP es una bofetada para los integrantes de la fuerza pública que le han servido al país basados en los principios y valores de las instituciones públicas. “Es un insulto a los militares honestos, que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria, bajo la que los tribunales de Justicia y Paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron”.
Pero la polémica se hace más fuerte, después de que el excomisionado señalara que existe la posibilidad de una persecución contra el empresariado colombiano basada en declaraciones de Mancuso, las mismas que, hasta ahora, la JEP ha mantenido ocultas, pero que involucraría a varios empresarios como autores intelectuales y financiadores de acciones ilegales con complicidad del Ejército Nacional.
“Pues Mancuso está involucrando a mucha gente y la JEP ya tiene los ojos sobre empresas, muchísimas, incluida Ecopetrol, que es pública. Pobrecito Mancuso. Tiene derecho a ser miembro de la Fuerza Pública, pero nadie puede saber por qué, porque la JEP considera que no es momento de dar a conocer las pruebas para esa verdad”, señaló el exfuncionario.
Gómez también denunció que la JEP estaría basando sus decisiones en artículos de una justicia internacional que no es aplicable al proceso de paz, además de señalar a la justicia especial de intentar usar artimañas enredadas para cambiar la verdad del país.

“Es inconstitucional e ilegal. La JEP hace una maroma, basada en una teoría que no existe en Colombia, y se arroga una función muy curiosa, de más o menos reescribir la historia de Colombia, porque dice textualmente que la JEP tiene una función que explicarle a la gente joven todo lo que pasó, (abro comillas) “porque el país cerró los ojos y guardó silencio llegando al negacionismo o a trivializar los hechos, estigmatizar a las víctimas y en algunos sectores a pretender apropiarse de la verdad con fines políticos o electorales…”.
Entre las alertas emitidas por el excomisionado, estaría la violación a la ley al permitir que Mancuso entregue declaraciones ‘útiles’ que no quiso dar mientras hacía parte de Justicia y Paz, donde se comprometió a contar todo lo que sabía sobre el paramilitarismo y sus nexos. Según denunció, esta sería una estrategia del exjefe de las AUC para lograr la impunidad una vez llegue al país.
“En Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional aprobado para los paramilitares, el compromiso de Mancuso era decir toda la verdad. ¿Entonces, si ahora está diciendo una verdad “útil”, quiere decir que allá no la dijo? Perdería automáticamente todos los beneficios”.
En medio de este escenario, Gómez dejó la incertidumbre sobre el futuro de otros exparamilitares y la posibilidad de que la JEP se convierta en un escenario propicio para la revisión de casos y la obtención de beneficios por parte de criminales. “Muchos delincuentes quieren ser gestores de paz y llegar a ser parte de la JEP, porque es la mejor manera de llegar a una impunidad total”, concluyó el excomisionado en entrevista con El Tiempo.
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