
Aunque la Corte Constitucional le dio viabilidad a la prórroga de la ley de orden público conocida como ‘Paz Total’, abrió el debate sobre la libertad a miembros de la primera línea como voceros de paz. El excomisionado Danilo Rueda salió en su defensa y señaló que debe aclararse el procedimiento para definir si los liberados deben ser capturados.
Rueda, quien fue reemplazado en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por Otty Patiño, aseguró que “de los 309 jóvenes que participaron en el Estallido Social y fueron judicializados por ejercer su derecho a la protesta solo 4 recuperaron su libertad a través de las disposiciones de la ley de paz total”.
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Esas liberaciones se encuentran en debate jurídico tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró inexequible el nombramiento de voceros de paz que se encuentren privados de la libertad. Se trataría de David Esteban López, Brayan Andrés Cabrales, Santiago Márquez Charrys y Adriana Esperanza Bermeo.

El fiscal Francisco Barbosa señaló que se debían emitir órdenes de captura en contra de los liberados, mientras que desde el Gobierno nacional la posición es diferente. El presidente Gustavo Petro planteó que debían revisarse los términos porque podrían haber vencido para su privación de libertad.
Rueda señaló que deben activarse los procedimientos de la Fiscalía para que los jueces revisen la condición de los jóvenes que recibieron la libertad bajo la prórroga de la ley de orden de público. Además, señaló que la Corte debe establecer si su decisión es retroactiva; es decir que ordena revertir las liberaciones, o por el contrario tiene vigencia únicamente a futuro, por lo que no podría haber nuevas solicitudes de excarcelación para voceros de paz.

El excomisionado señaló que los procesos penales contras jóvenes de las Primera línea son inconsecuentes y muestra de la “profunda desigualdad” del país. “La persecución penal contra los jóvenes del Estadillo se hace en contravía del derecho internacional y de los estándares establecidos por la Corte Constitucional sobre el derecho a la protesta. Ellos se manifestaron sin violencia armada por motivos sociales, se les imputaron delitos con tratamiento de guerra a su protesta y se usó el aparato judicial para perseguirles”, aseguró el exfuncionario.
Rueda sostuvo que 13 jóvenes que fueron capturados por hechos de las protestas sociales salieron en libertad por vencimiento de términos, debido a que la Fiscalía no habría sido capaz de demostrar la responsabilidad penal de los jóvenes en los delitos imputados.
“La persecución penal contra los jóvenes del Estadillo es en contravía del derecho internacional y de los estándares de la Corte Constitucional sobre la protesta social. Las resonancias mediáticas a voces de poder estigmatizan, desnaturalizan el despertar legítimo juvenil ante una sociedad que quieren ignorar las desigualdades y las causas profundas de las mismas”, aseguró el excomisionado.

El presidente Petro le dio la razón a la Corte en su pronunciamiento, al señalar que los jóvenes que participaron de las protestas sociales y fueron “criminalizados” no son sujetos de una ley de paz porque nunca estuvieron en guerra. Además, el mandatario señaló que tampoco son victimarios, sino que “son las víctimas de un estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades”.
Rueda señaló que los que quedaron en libertad como voceros de paz nunca usaron armas en contra del Estado, continúan cumpliendo sus compromisos con la figura creada en la ley, han constituido mesas de concertación en centros de privación de la libertad y que “los anuncios persecutorios” pueden animar la estigmatización en su contra.
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