La Fiscalía de Colombia asumirá la investigación sobre la incursión de miembros del Ejército en Tierralta, Córdoba, quienes se habrían disfrazado de criminales para amenazar a la población. La decisión fue comunicada por el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes, y revelada a Caracol Radio.
Las indagaciones se centran en 18 uniformados, cuyas acciones no tuvieron relación con actos del servicio, según la juez de instrucción militar. Este criterio fue determinante para que el caso, previamente catalogado como abuso de autoridad especial bajo jurisdicción militar, se trasladara a la jurisdicción ordinaria. El traslado del proceso refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un escrutinio civil.
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José Reyes enfatizó ante Caracol Radio que la Justicia Penal Militar cedió el caso a petición de la propia juez militar. Señaló que este hecho subraya el compromiso con una justicia imparcial y conforme a la ley aplicable en casos que exceden los límites del servicio militar. El rol de la Fiscalía será crucial para establecer responsabilidades y garantizar un proceso con todas las garantías judiciales para las partes implicadas.
El comunicado dice puntualmente que: “En cumplimiento a la circular interna No 018 UAE-JPMJ de fecha 14 de junio del 2023, con toda atención me dirijo al doctor José Reyes Rodríguez Casas (...) con el fin de informar que mediante auto de la fecha este despacho dispuso la remisión por competencia de la Indagación Preliminar Penal No 298-J101IPM, que se sigue en averiguación de responsables, por el delito de abuso de autoridad especial, según hechos presentados en la fecha 11 de septiembre del 2023″. Finalmente, la comunicación es firmada por la juez 101 de Instrucción Penal Militar, Adriana Patricia Vera Rojas.
La noticia ha suscitado interés a nivel nacional dada la seriedad de la situación y el involucramiento de miembros de una institución tan respetada como las Fuerzas Armadas de Colombia. Procesos como este son fundamentales para preservar la confianza ciudadana en las estructuras del Estado y asegurar la rendición de cuentas por actos fuera de la legalidad. El resultado de esta investigación podría sentar precedentes importantes con respecto al papel del Ejército y su interacción con la sociedad civil en Colombia.
Además, la relevancia del caso radica en la protección de los derechos humanos y la garantía de la seguridad ciudadana en Tierralta, una región que ha sido testigo de violencia y actividades de grupos ilegales. La implicación de miembros del Ejército en actos que generan temor entre la población genera una preocupación notable, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las operaciones militares en el territorio nacional.
El proceso investigativo se encuentra ahora en una fase crucial, en la que se espera que la Fiscalía actúe de manera diligente para esclarecer estos eventos. La comunidad de Tierralta y organismos defensores de los derechos humanos estarán atentos a los avances de la investigación y las medidas que se adoptarán para prevenir la repetición de este tipo de incidencias.
A José Reyes se le preguntó si se había encontrado un choque en la competencia para investigar el caso. Reyes indicó que “no creo que haya habido un choque como tal, simplemente cuando ocurre un hecho en el que se ve inmiscuido un servidor de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, es obligación que la Justicia Penal Militar este allá para realizar las actividades correspondientes (...) ahora, una vez la Justicia Penal Militar verifica que es competente para conocer del asunto pues prosigue la investigación, si no lo es, entonces se envía a la Justicia Ordinaria donde esta la Fiscalía. En este caso, desde el día 20 de octubre, la juez de instrucción penal militar que venía haciendo esa investigación, remitió el caso a la Fiscalía, lo que significa que es esta entidad la competente para ejercer esa labor investigativa y adoptar las decisiones que encuentren lugar”.
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