
En la mañana del 29 de noviembre, el juez Eduardo Barrera declaró a Angélica Monsalve en contumacia, para que el proceso contra la fiscal por concusión continúe sin su presencia.
La defensa de la fiscal Angélica Monsalve argumenta una presunta persecución por parte de la Fiscalía. Sin embargo, las palabras del juez desestimaron estas alegaciones, por lo que la declararon en contumacia.
La figura legal de “contumacia”, (Actitud de rebeldía hacia la autoridad o de resistencia a reparar los daños causados), implica que el proceso avanza sin la presencia física del acusado, en este caso, la fiscal Monsalve. Este veredicto surge tras las reiteradas ausencias de la funcionaria en las citas judiciales que le fueron agendadas desde la Rama Judicial. El juez, al aceptar la solicitud de la Fiscalía, arrojó una sombra de incertidumbre sobre el futuro legal de Monsalve.
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Miguel Ángel del Río, abogado defensor de la procesada, no tardó en responder. En un intento por mantener la lucha legal, solicitó la interposición del recurso de reposición, subrayando la necesidad de permitir la argumentación en el mismo momento de la decisión.
El juez de control de garantías recordó en su intervención que aún no se han esclarecido los hechos que la Fiscalía imputa a Monsalve. Estos eventos, relacionados con la presunta solicitud de dinero para influir ilegalmente en una investigación, constituyen el epicentro del proceso.
La defensa, por su parte, ha argumentado que las constantes citaciones y la figura de contumacia son una suerte de “persecución” contra su representada.

Pero este drama legal no se desenvuelve únicamente en los pasillos del sistema judicial. La figura de Angélica Monsalve, una fiscal activa en redes sociales, agrega un matiz adicional. Cuatro veces ha evitado comparecer ante la justicia, lo que ha llevado a una solicitud para juzgarla como reo ausente. Este enfrentamiento público, sumado a su rechazo a las imputaciones de la Fiscalía, ha dado lugar a una narrativa de persecución política.
El conflicto entre Monsalve y el fiscal Francisco Barbosa arroja sombras sobre el caso. Las acusaciones de la Fiscalía apuntan a que Monsalve exigía sobornos millonarios a empresarios del sector de las camionetas blindadas. La trama se complica con la intervención de Miguel Ángel del Río, abogado defensor, quien denuncia abiertamente una persecución por parte del ente acusador. Este enfrentamiento público, alimentado por la maquinaria de las redes sociales, añade un componente político a un caso ya de por sí enredado.
El proceso judicial toma raíces en una denuncia del empresario Martín Ricardo Manjarrés. Según Manjarrés, Monsalve, a través de un intermediario, le solicitó dinero para torcer un proceso en su favor. El expediente se compone de audios, correos electrónicos y declaraciones que pintan un panorama oscuro de ofrecimientos judiciales y acuerdos turbios con la Fiscalía. El abogado Jimmy Forero se convierte en un actor clave en esta trama, revelando presiones y amenazas para obtener declaraciones falsas.

La solicitud de seiscientos millones de pesos, compartida entre Forero y Monsalve, se erige como el epicentro de un caso que va más allá de las audiencias judiciales. El principio de oportunidad, inicialmente ofrecido a Manjarrés, se desvanece ante las dudas sobre la veracidad de las declaraciones. La Fiscalía argumenta que las evasiones de Monsalve y su ausencia en los interrogatorios refuerzan la necesidad de juzgarla como persona ausente.
En este torbellino de alegatos, la Procuraduría y las víctimas se suman a la solicitud de procesar a Monsalve como ausente. El juez, investido de la responsabilidad de tomar decisiones cruciales, se encuentra en el centro de un dilema jurídico que marcará el rumbo del caso.
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