
Uno de los abogados de Álvaro Uribe, Jaime Granados, habló el 28 de noviembre sobre la versión libre que el expresidente entregó a la Fiscalía General de la Nación el 27 de noviembre. También se refirió a los señalamientos del exfiscal Eduardo Montealegre de que el fiscal Francisco Barbosa está “garantizando la impunidad” del líder natural del Centro Democrático. Además, reparó en cómo Salvatore Mancuso, a su juicio, se ha contradicho en sus declaraciones sobre la participación de Uribe en la masacre de El Aro, en 1997.
Granados advirtió, en Sigue la W de W Radio, que la versión libre del expresidente era algo que se había pedido hace once años a la Fiscalía, que tenía como cabeza entonces a Montealegre: “Ayer el expresidente Álvaro Uribe Vélez cumplió lo que él le había pedido desde hace once años a la Fiscalía de Eduardo Montealegre y luego a la Corte Suprema, que se le escuchara en versión libre por estos hechos, que finalmente en buena hora se le recibió esa declaración. Los detalles están sujetos a reserva”.
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También se despachó contra Montelagre, diciendo que un ex fiscal General de la Nación no puede hacer la payasada que ha hecho este:
Y si bien dijo que debe mantener la reserva, contó que el expresidente Uribe “respondió todas las preguntas, hizo una explicación detallada, minuciosa, de cuál había sido su rol como gobernador, cómo era la situación del departamento, cómo era la situación de orden público, qué fue lo que hizo para salir del paso a esas versiones malintencionadas que quieren, o pretenden hacer ver, que él fue omisivo, por el contrario, se aportaron evidencias, se indicó con comunicaciones precisas de la fecha de los hechos, registradas por los medios de comunicación de la época, todas las acciones que él desplegó, los diferentes consejos de seguridad, que el país conoce él hacía, no solo como presidente, sino también hizo como gobernador y que eran diarios”
También advirtió que el expresidente, como gobernador de Antioquia, visitó personalmente en compañía de Jesús María Valle el municipio de Ituango y que le pidió a las autoridades militares y policiales, a la Fiscalía y a la Procuraduría “que estuviesen vigilantes” y que “denunció, cuando tuvo que denunciar, la posible presencia de algunas personas, que al parecer eran paramilitares, que tenían algún tipo de contacto con la fuerza pública”.
Sobre estas denuncias que dijo Granados hizo Uribe, reparó en que todas las hizo a tiempo y dos meses antes de la masacre de El Aro y que exgobernador “mostró todas las bitácoras de los helicópteros para indicar cómo él dispuso que esos helicópteros no solamente estuvieron al servicio de él, como gobernador en sus funciones oficiales, sino de las autoridades como la Procuraduría, la Fiscalía, autoridades cívicas, porque era el servicio de la comunidad”.
Sobre los señalamientos de Montealegre de que Uribe, como gobernador, no es que fuera el perpetrador de la masacre, sino que su responsabilidad recae en que no actuó para evitarla, el abogado Granados dijo que no tiene nada que decirle al exfiscal, pero sí a la opinión pública: “Eso no es así”.
Después dijo que Ituango es uno de los municipios más grandes del país, que tiene más de 100 veredas y que hace 25 años tenía “una mala infraestructura vial” y que a pesar de estas dificultades, la fuerza pública debe hacer presencia en todos los territorios, pero que los gobernadores no tienen potestad de dar órdenes a las Fuerzas Armadas y que, aun así, Uribe pidió ayuda tanto a la Primera División, a la Cuarta Brigada del Ejército, al Batallón Girardot, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.
Sobre que era una masacre anunciada, el abogado Granados dijo que durante la gobernación de Uribe se cometieron 87 masacres y que “casi todas fueron, si se quiere, de alguna manera, advertidas, anunciadas, porque la situación de orden público era terrible” y que el mismo gobernador tenía que moverse en helicóptero, porque no había cómo visitar los territorios del departamento por tierra.
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