Resulta sumamente peculiar el panorama que involucra a los hermanos Juan Manuel Borré Barreto y Brayan Eduardo Borré Barreto, quienes son señalados como responsables de operar una red criminal y colaborar en la comisión de más de 700 delitos entre agosto de 2012 y julio de 2015.

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Ambos individuos han comparecido ante la justicia colombiana, admitiendo su participación como autores en una serie de crímenes que abarcan los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena y Córdoba, destacando entre ellos homicidios y extorsiones. Desde el diario El Tiempo fue revelado que la investigación ha transitado ya por seis fiscales diferentes, evidenciando desafíos administrativos y la pérdida de evidencias clave.

En el proceso, iniciado con la captura de la reconocida figura del paramilitarismo Juan Manuel en 2013, los hermanos Borré Barreto han colaborado en la investigación, conduciendo a la identificación de crímenes y autores intelectuales junto con implicaciones de desapariciones forzadas. Siendo una de las víctimas más resonantes el fiscal Jorge Sanín Ramírez, asesinado en septiembre de 2012 en la ciudad de Cartagena.

Pese a los testimonios desde el ente acusador no se han formalizado las acusaciones, lo que despierta la preocupación sobre la posible prescripción de los delitos y, por ende, la impunidad. Las primeras audiencias, llevadas a cabo en abril de 2015, expusieron la magnitud de la violencia y corrupción; sin embargo, el proceso judicial se ha estancado de forma alarmante.

Desde El Tiempo fue resaltado en la indagación documental que el caso ha sido marcado por un desorden que ha incluido la pérdida de una agenda con información detallada de los crímenes y la falta de seguimiento de pistas sobre la participación de empresarios y políticos en la red delictiva. Actualmente se destinan esfuerzos para reorganizar la investigación y realizar acusaciones formales, factores clave para la reactivación del caso en tribunales.

A medida que se acerca el momento de presentar las acusaciones formales, un paso crucial en la senda hacia la resolución del proceso, la Fiscalía está obligada a superar los retos pasados, incluyendo la investigación a funcionarios judiciales que pudieron haber incurrido en negligencias.

La relación de la familia Borré con organizaciones criminales se remonta a 1993, momento en el que Juan Manuel Borré Barreto, conocido como alias Pistón o alias Javier, con tan sólo 15 años, se vio involucrado en el conflicto armado colombiano debido al secuestro de su tío por parte de las FARC. Años después, lideraría junto a su hermano, alias Tío Guillo, el grupo criminal Los Rastrojos Costeños, responsables de controlar actividades ilícitas como el narcotráfico y las extorsiones en la región Caribe entre 2011 y 2019.

La historia de la familia Borré como actores del conflicto armado inicia con la compulsión de Juan Manuel Borré por parte de la Armada Nacional, a cambio de protección, para actuar como guía en la localización de campamentos guerrilleros en San Juan Nepomuceno, Bolívar. Esta vinculación marcaría un camino de criminalidad que se concretaría años después en la fundación de Los Rastrojos Costeños, donde alias Javier, tras convertirse en un miembro destacado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desempeñaría un papel clave en la ejecución de homicidios y desplazamientos forzados, y posteriormente colaboraría con Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, potenciando sus prácticas delictivas antes de su desmovilización.

La hermandad criminal liderada por Juan Manuel y Brayan Borré Barreto redefinió la influencia de Los Rastrojos en la costa Caribe colombiana, especializándose en el microtráfico y la gestión de rentas ilegales.