La Contraloría General de la República alertó por las condiciones precarias de la población privada de la libertad en Colombia.
De acuerdo con el ente de control fiscal, las acciones emprendidas por el Gobierno nacional durante los últimos 20 años han sido insuficientes para superar la grave crisis que enfrenta el Sistema Carcelario y Penitenciario del país.
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Más de $4,8 billones se han invertido en las cárceles y penitenciarías en los últimos 20 años y el problema de hacinamiento persiste a pesar de que entre 2011 y 2022, el presupuesto del sector penitenciario y carcelario se triplicó, pasando de $1.128 billones a $3.408 billones.
El estudio de la Contraloría titulado Desafíos de las Políticas Públicas, la Institucionalidad y el Uso de Recursos en la Crisis Carcelaria y Penitenciaria en Colombia, evidenció graves fallas en la articulación institucional y el desempeño de las entidades del Gobierno y en especial de la Rama Judicial.
Los resultados mostraron que no se han tomado acciones efectivas que permitan un manejo eficiente de las causas estructurales de la problemática, como son, el aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal.
Entre los 126 directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios, se encontraron diferencias en la información de cupos carcelarios que maneja el Inpec, situación que genera serias dudas frente a las estadísticas que sirven de base para la formulación de las políticas públicas y la asignación de presupuestos y recursos a las instituciones responsables.
La Contraloría pudo establecer que el propósito de resocialización no se logra, porque los establecimientos carcelarios se convirtieron en “universidades del crimen” y el impacto negativo de la reincorporación a la sociedad es cada vez mayor.
Reingeniería y cambios estructurales
Desde la opinión de los expertos que consultó la Contraloría en su estudio, se planteó la importancia de realizar una reingeniería y transformaciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) como entidades responsables del sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta los bajos índices de efectividad.
El ente de control fiscal indicó que es necesario que el Gobierno nacional implemente las acciones que direccionen la gestión eficiente de las entidades públicas indicadas anteriormente.
A lo anterior se suma, el papel preponderante de la Rama Judicial, en particular los jueces de ejecución de penas en lo que respecta al otorgamiento de beneficios administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad; así como, los fiscales en lo que respecta a la aplicación de las medidas privativas de la libertad.
Según la Contraloría, en el cumplimiento de lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario, se puede dar un balance adecuado entre cupos carcelarios y población privada de la libertad, si se toman las medidas necesarias por parte del Gobierno.
Así, insistió en que debe impulsarse la generación de soluciones regionales de manera articulada entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, con mayor impulso de las medidas orientadas a los programas de resocialización de los internos y de incorporación a la sociedad de los pospenados, con el impulso del enfoque diferencial y la justicia restaurativa.
Finalmente, la entidad señaló hay que aprovechar la oportunidad y ajustar el Plan Decenal de Justicia 2017-2027, incorporando mecanismos eficaces para la articulación y trabajo complementario entre las instituciones del Gobierno nacional y de la Rama Judicial, asignando responsabilidades claras, metas alcanzables e indicadores reales que permitan hacer mediciones de avances e impacto, de manera que las inversiones generen los mayores beneficios.
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