
El proyecto de ley para otorgar amnistía e indulto a integrantes de la Primera Línea fue radicado en el Congreso de la República, el miércoles 22 de noviembre de 2023.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Eduard Sarmiento presentó una propuesta que pretende beneficiar a las personas condenadas por delitos cometidos en medio de las protestas registradas entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, en lo conocido como el ‘estallido social’ durante el gobierno de Iván Duque.
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Según el texto de ocho artículos, el proyecto beneficiaría a las personas indiciadas, imputadas, acusadas, investigadas, procesadas o condenadas, por los hechos ocurridos dentro o en relación directa e indirecta del contexto de la protesta social y la manifestación pública anteriores a la entrada en vigor de la ley.
El beneficio incluye la garantía al debido proceso para que las más 300 personas procesadas y 70 privadas de la libertad por estos hechos, puedan quedar libres.
Adicionalmente, concibe que el presidente de la República, Gustavo Petro, podrá otorgar indulto previo a solicitud de la persona interesada, en un término perentorio de máximo dos meses.
El jefe de Estado podrá expedir un acto administrativo que así lo acredite y una vez sea firmado dicho beneficio, caducarían las penas impuestas al procesado.
De acuerdo con el proyecto de ley, quedarían excluidas de este beneficio los integrantes de la Primera Línea que hayan cometido delitos de lesa humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
Otros congresistas de la bancada del Pacto Histórico que respaldaron el proyecto de ley fueron Alirio Uribe, Robert Daza, Leyla Rincón, José Alberto Tejada, Jorge Bastidas, Jorge Andrés Cancimance y Jael Quiroga, Támara Argote.
Cabe recordar que el 17 de marzo de 2023, en medio de la jornada Gobierno Escucha, evento que se realizó en el municipio de Quinchía (Risaralda), el presidente anunció la liberación de cinco jóvenes de la llamada Primera Línea.

Los jóvenes habrían quedado en libertad en Popayán por orden de un juez de garantías. Frente a esto, el presidente hizo una solicitud para que no se estigmatice a los jóvenes liberados que participaron en la protesta social y que habían sido liberados por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según Gustavo Petro.
La propuesta del presidente ha sido fuertemente cuestionada desde su llegada al poder. De hecho, en febrero de 2023 el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el partido del Centro Democrático, relacionada con la iniciativa del Gobierno.
Dicho recurso legal buscaba tumbar el Decreto 2422 firmado el 9 de diciembre de 2022 con el que el Gobierno determinó que se dejarían en libertad a jóvenes de la Primera Línea bajo la figura de voceros de paz, una decisión que desde la oposición ha sido constantemente señalada porque, aseguran que se pasarían por alto los delitos cometidos en el Paro Nacional.
Sin embargo, el mismo Gustavo Petro salió a desmentir estos señalamientos, asegurando que los jóvenes seguirán vinculados a procesos judiciales que se adelantan en su contra y además, estarán sujetos a la decisión que tomen los jueces cada caso.
No obstante, el congresista Cadavid manifestó que esta decisión “agrede la autonomía de la justicia en Colombia”, razón por la cual anunció que la oposición seguirá tomando medidas para que el Gobierno no deje en libertad a los integrantes de la Primera Línea.
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