El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024 fue presentado ante el Congreso de la República por el Gobierno nacional el pasado 29 de julio. El 13 de septiembre se aprobó su monto por $502,6 billones. El 20 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso de la República lo aprobaron en primer debate, y finalmente, las plenarias de Cámara y Senado le dieron el aval de forma definitiva el pasado miércoles 18 de octubre.
El PGN se compone de 30 sectores que agrupan a 163 entidades del orden nacional. En la ley de este se establecen las autorizaciones máximas de gasto para cada una de estas entidades en los rubros de funcionamiento, deuda e inversión.
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La transparencia en la aprobación del PGN es un punto crítico en el sistema presupuestal de Colombia. Por eso, entidades como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en reiteradas ocasiones hicieron énfasis en que no es posible identificar peso por peso el destino específico de los recursos públicos.
Lastimosamente, en el PGN solo se expone un mínimo nivel de detalle de los gastos de inversión. Aún peor, los rubros de funcionamiento y deuda solo muestran sus asignaciones totales sin desglosarlas.
En específico, entre enero y marzo de cada año, las entidades del orden nacional envían al Ministerio de Hacienda un formulario que contiene el anteproyecto del presupuesto que necesitan para cubrir sus gastos de funcionamiento y deuda (si aplica). Estos anteproyectos deben estar debidamente justificados con una estimación de ingresos y gastos y acompañarse de bases legales. Esta es la primera etapa del ciclo presupuestal.
En cada anteproyecto que envía cada entidad del orden nacional se puede observar un mayor nivel de detalle conforme la clasificación presupuestal por objeto de gasto de funcionamiento. Esos objetos son gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, transferencias de capital, gastos de comercialización y producción, adquisición de activos financieros; disminución de pasivos, gastos por multas, sanciones e intereses de mora, y servicio de la deuda pública externa.
Así las cosas, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dio a conocer el gasto de personal en los 677.748 cargos de las entidades del orden nacional por sectores.
Gasto por funcionario
Entre las entidades que más recursos absorben por funcionario, en primer lugar está el Fondo Adaptación. Esta entidad del sector Hacienda fue creada para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de 2010 y 2011.
La misma cuenta con 87 funcionarios que representan un gasto total de $25.696.687.500, lo que se reparte per cápita $24.613.685.
En segundo lugar está la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con un gasto per cápita de $23.590.513 entre 19 funcionarios. Esta entidad del sector energía fue creada con el fin de regular las actividades de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas.
Le sigue la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la justicia ordinaria perteneciente a la Rama Ejecutiva del poder público. En este son 841 funcionarios que devengarán $233.757.161.348 y a cada uno le corresponden $23.162.620 anuales.
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