En las últimas semanas del mandato de la alcaldesa Claudia López en Bogotá ha surgido una polémica en torno a una megalicitación con un costo estimado de 2,7 billones de pesos destinada a desarrollar un ambicioso proyecto urbanístico en la localidad de Suba.
Según ha comentado la administración, el proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado estaría a un paso de ser adjudicado, a pesar de que la alcaldesa dejará su cargo en menos de cincuenta días.
La iniciativa, que busca transformar una franja de terreno originalmente destinada para la Avenida Longitudinal del Norte (ALO Norte), ha levantado preocupaciones, especialmente entre el equipo del alcalde electo, Carlos Fernando Galán, quien quedaría maniatado si el proyecto queda licitado antes del 31 de diciembre.
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El nuevo mandatario distrital, que asumirá la Alcaldía de Bogotá a partir del primero de enero de 2024, le expresó a El Tiempo sus inquietudes sobre la premura con la que el quipo de López estaría adelantando el proceso. Y es que los prepliegos del megaproyecto ya se encuentran en la página de contratación estatal, y según han comentado, el viernes 24 de noviembre quedarían listos pliegos finales.
En el cronograma de la Alcaldía, la subasta del proyecto estaría prevista para el 13 de diciembre y dos días más tarde, quedaría adjudicada, dejando sin posibilidad de alegar al nuevo alcalde de la capital del país.
Por tal razón, Galán le solicitó a la mandataria saliente, según develó el medio citado, que se incluyan a personas del equipo de empalme de Galán en las discusiones, para tener una mejor comprensión de los alcances de la megalicitación, dada su magnitud y el posible impacto que tendría en la movilidad de la ciudad, pues inicialmente los predios se concibieron para crear una gran vía para descongestionar la localidad de Suba.
Según ha indicado la administración saliente, el proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un equipamiento social y educativo a lo largo de la franja de terrenos antes destinados para la ALO Norte. Esta propuesta, que forma parte de las 25 actuaciones estratégicas delineadas en el Plan de Ordenamiento Territorial ‘Reverdecer a Bogotá 2022-2025′, echaría para atrás la posibilidad de construir la autopista con la que se pretendía mejorar la movilidad de los habitantes del noroccidente de Bogotá, además de fortalecer las conexiones con los municipios aledaños.
La propuesta de la actual alcaldesa es adjudicar el proyecto mediante una asociación público-privada, similar a otro proyecto urbanístico en el norte Torca Guaymaral, pero con la peculiaridad de que la mayoría de los predios pertenecen al Distrito.
Este proyecto implica la urbanización de una franja de terreno entre el humedal Juan Amarillo y La Conejera, entregando a la ciudad equipamiento como hospitales, colegios, manzanas del cuidado y vías. La Ciudadela Educativa, que sería compartida por universidades como la Nacional, Pedagógica, Distrital y el Sena, se realizaría en dos etapas.
Sin embargo, el proceso ha enfrentado críticas internas, incluyendo renuncias de funcionarios de la Empresa de Renovación Urbana (Renobo), entidad encargada del proyecto. Las renuncias se habrían presentado después de presentar varias inconsistencias en los soportes jurídicos completos, como la reglamentación de la actuación estratégica y la creación de la figura de patrimonio autónomo.
Mientras la controversia persiste, la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, ha defendido el proyecto, asegurando que cumple con el marco jurídico. No obstante, la discusión sobre la rapidez del proceso y la necesidad de soportes jurídicos adicionales sigue presente.
A medida que se espera la publicación de los pliegos definitivos en los próximos días y la subasta programada para mediados de diciembre, la incertidumbre en torno a la adjudicación del proyecto y su impacto potencial en la movilidad de Bogotá continúa creciendo.
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