La magistrada Heydi Patricia Baldosea, presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, anunció que el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso sería aceptado en el régimen jurídico especial por sus aportes a la verdad.
“La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004. Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública”, declaró la entidad.
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La decisión fue tomada en medio de una audiencia que contó con la presencia remota del excomandante paramilitar, que se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos.
Durante la audiencia se expuso que los aportes que entregó Mancuso sirvieron para determinar que actuó como bisagra en el engranaje colaborativo entre políticos militares y paramilitares en la lucha contra la guerrilla en Córdoba, Sucre y otros departamentos de Colombia.
“Salvatore Mancuso Demostró en la audiencia única de verdad plena, adelantada por esta subsala especial los días 10, 11, 15 y 16 de mayo del 2023 y en el escrito presentado en complemento a la audiencia, mediante aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena que se incorporó funcional y materialmente entre los años 1989 y 2004 a la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado interno a partir de su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y paramilitar”, dijo la magistrada Heydi Patricia Baldosea.
Entre los detalles entregados por Mancuso se habló de cómo los líderes paramilitares les pagaban sueldos a los soldados de la Brigada XI del Ejército con sede en Montería (Córdoba).
“A los comandantes de la brigada, al coronel Barrero le pusimos una mensualidad de 10 o 15 millones de pesos, y al mayor René Sanabria de 5 millones”, aseveró el exparamilitar.
Luego de aceptar la incorporación de Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz, se determinó que el exjefe paramilitar deberá entregar lo más pronto posible información que ayude a esclarecer y dar solución a las peticiones de las víctimas del conflicto armado.
“Se dispondrá, teniendo en cuenta las demandas de las víctimas, que el señor Salvatore Mancuso Gómez entre desde ya a profundizar sus aportes a la verdad sobre los siguientes temas: en cuanto a los fenómenos de desaparición forzada y en cuanto al fenómeno del paramilitarismo”, sostuvo la magistrada Heydi Patricia Baldosea.
La magistrada sostuvo que Mancuso deberá entregar coordenadas e información que ayude a fortalecer la búsqueda y localización de las víctimas de crímenes como los falsos positivos y, de ser el caso, la entrega digna de los cuerpos o restos de los occisos a sus familiares.
En cuanto al fenómeno del paramilitarismo, el presidiario y gestor de paz tendrá que facilitar información detallada sobre la responsabilidad individual de empresas, civiles, políticos, militares y funcionarios públicos que fueron beneficiados por el actuar criminal de las AUC con acciones como desapariciones forzadas, desplazamientos, presiones para la venta de predios a costos inferiores al real y demás acciones hostiles perpetradas por las tropas paramilitares al mando de Mancuso entre 1989 y 2004.
Así mismo, alias Mono Mancuso deberá seguir entregando información de interés en los macrocasos de criminalidad abiertos en la JEP y se le ordenó que no ejecutara ninguna acción que vulnerara los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta que fue nombrado gestor del paz del Gobierno de Gustavo Petro y su posible participación en otros mecanismos de paz públicos o privados.
Finalmente, la magistrada Baldosea dio a conocer a Salvatore Mancuso que será obligatoria su presencia física en Colombia para su sometimiento a la JEP, es decir, que el exlíder paramilitar tendrá que venir al país para que continúe entregando información sobre las desapariciones forzadas y la expansión de las AUC a nivel regional y nacional.
La magistrada de la JEP también estableció: “En atención a las personas que mencionó el señor Salvatore Mancuso durante la audiencia única de verdad, tanto en la sesiones públicas como reservadas, se ordenará dar traslado de las declaraciones y documentos entregados a la Fiscalía, Procuraduría y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que, en el marco de sus competencias, determinen si hay lugar a iniciar o continuar la investigaciones penales”.
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