Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar, se pronunció frente a la suspensión decretada por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la lista de elegibles al cargo dentro de la entidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario habría modificado la lista de elegibles para ocupar el cargo de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.
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En la misma decisión, el órgano de control profirió en su contra un segundo cargo disciplinario por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca. Según el superintendente, “hay un evidente prejuzgamiento y violaciones del debido proceso y presunción de inocencia” en la investigación de la Procuraduría.
Pérez Casas se defendió argumentando que cuenta con competencia legal para las designaciones en el marco de medidas cautelares, por lo que no hubo “mala fe o trasgresión a la norma”.
“Al encontrar constituida lista de elegibles heredada de la anterior administración, en aras de garantizar los principio de objetividad, participación, pluralidad e igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en formar parte de la lista de elegibles, se profirió la Resolución 0679 del 14 de octubre del 2022, abriendo la integración de la referida lista, posibilitando que todo ciudadano que cumpliera con los requisitos, y estuviese interesado pudiera ser considerado para integrar la lista de elegibles a director Administrativo y Agente Especial de Intervención”, señaló a través de un comunicado a la opinión pública.
Además, hizo un reclamo a su antecesor Julián Molina, quien estuvo a cargo de la entidad hasta 2022 por decisión del expresidente Iván Duque, pues este conformó una lista cerrada de elegibles sin que existiera un mandato legal para ello.
“Puedo decir que es de muy mal gusto que apenas de tres semanas de salir de su cargo, sacará una resolución con una lista de elegibles donde yo tuviera que elegir forzosamente”, dijo el superintendente.
La suspensión provisional emitida por la Procuraduría se fundamentó en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, lo que permitió incluir a personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.
Esta situación le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar Huila). Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, al disminuir los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable.
Sobre la solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, el órgano de control señaló que, independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La Procuraduría indicó que esa petición se pudo entender como una orden para las cajas de compensación, debido a las funciones de vigilancia y control que Pérez Casas ejercía sobre ellas. Según lo afirmado por el funcionario en un evento público, al 9 de diciembre de 2022, los aportes recibidos superaban los 900 millones de pesos, y para el 15 de diciembre de ese mismo año esperaba completar mil millones de pesos.
Por esos hechos, la Procuraduría profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
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