El Gobierno nacional radicó el Proyecto de Ley 291, también llamado “Jorge Enrique Pizano”, con el objetivo de proteger a las personas que denuncien actos de corrupción en Colombia. Esto, teniendo en cuenta que, por temor a represalias, desconocimiento de mecanismos adecuados y desconfianza en el sistema judicial del país, hay quienes deciden abstenerse de hablar al respecto. Además, en otros casos en los que sí ponen en conocimiento los casos, llegan a ser víctimas de amenazas, hostigamientos y hasta asesinatos.
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Este proyecto de ley surge en memoria de Jorge Pizano, un ingeniero civil que fungió como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y como auditor del proyecto Ruta del Sol II. “Por denunciar la corrupción del caso Odebrecht, muere en “extrañas circunstancias”, sostuvo en X (antes Twitter) el representante a la Cámara por el Pacto Histórico David Racero.
El congresista explicó que con la iniciativa se contempla la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac), enfocado en la coordinación y orientación de mecanismos de protección. También se establecen cuatro tipos de medidas de seguridad para los y las denunciantes:
- Protección para personas en situación de extrema urgencia
- Protección laboral
- Protección a la vida y seguridad personal
- Protección especial a periodistas
El jefe de cartera aseguró que una ley como esta es necesaria en Colombia, tanto así, que se ha buscado su implementación en anteriores oportunidades, pero, por “falta de voluntad política” no ha sido posible. “En esta ocasión está toda la voluntad política para sacarlo”, afirmó el ministro Osuna.
Indicó que la delación no es una “maldad”, sino una “virtud” que ayuda a la justicia del país. “Desde el gobierno yo quisiera manifestar que estamos absolutamente comprometidos con todas las medidas que sean necesarias para combatir la corrupción y que este nos parece primordial porque nos hizo falta en nuestra sociedad proteger a los que denuncian corrupción”, sostuvo.
De esta manera, el Estado garantizaría a las personas que ponen en conocimiento de las autoridades este delito que conserven sus empleos y sueldos, que no sean víctimas de malos tratos en escenarios laborales por cuenta de sus denuncias, y que no sean torturadas, exiliadas o asesinadas.
Impunidad en casos de corrupción
Racero justificó la pertinencia del proyecto de ley con las altas cifras de impunidad que hay en Colombia en materia de corrupción. Aseguró que, según una investigación adelantada por la Secretaría de Transparencia frente al índice de impunidad en Colombia entre 2010 y 2023, de los 32 departamentos que tiene la nación, 20 tienen impunidad de más del 95%; otros 12 están entre el 90% y el 94.9%. Además, el país ocupó el puesto 91 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, con un puntaje de 39 sobre 100.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en 2022 se documentaron 2.184 denuncias de ciudadanos por casos de corrupción, sin embargo, históricamente, la impunidad ha alcanzado el 93% en estas denuncias. “Es la primera vez que un gobierno respalda de manera incondicional un proyecto de ley que promueve la denuncia y protege a los delatores de la corrupción”, detalló la cartera en un comunicado.
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