La Universidad de San Martín reveló que no se encuentra en riesgo de perder su sede en Cali

La institución universitaria aclaró los rumores acerca de que estaría vuela en un nuevo escándalo después de que hace unos años el Gobierno intervino en sus instalaciones por malos manejos

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La Universidad San Martín sede
La Universidad San Martín sede Cali sería embargada causando que más de mil estudiantes se queden sin estudios - crédito Fundación Universitaria San Martín.

La Fundación Universitaria San Martín seccional Cali estaría en vuelta en un nuevo escándalo tras estar involucrada en un pleito millonario en el que podría perder la sede en la capital del departamento del Valle del Cauca, esto causaría que los más de 1.000 estudiantes que se encuentran matriculados en la institución universitaria se queden sin dónde recibir clases.

De acuerdo con la información revelada en la revista Semana, la raíz de la discusión estaría en la intervención que realizó el Ministerio de Educación en el 2015 a la fundación educativa debido a que en ese momento se conoció que dineros de las matrículas fueron destinados a otras empresas del grupo, mientras que no les pagaban los salarios a los docentes, se debían algunos servicios y no había recursos para los equipos médicos para la facultad de medicina.

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En ese momento el Ministerio de Educación, entonces dirigido por Gina Parody, anunció que la institución educativa había superado las irregularidades y tenía la posibilidad de “continuar prestando el servicio educativo”.

Sin embargo, según el medio al parecer desde la intervención de esa época la universidad tendría una lista de acreedores con unas deudas de por lo menos 250.000 millones de pesos, entre estos, se encuentran los salarios pendientes de los docentes, proveedores y estudiantes que volvieron a iniciar sus carreras universitarias.

La Fundación Universitaria San Martín en un intento por frenar el pleito con los denunciantes puso como garantía de pago un lote de 40.000 metros cuadrados, pero en el documento revelan que es un terreno con menos extensión, de 10.898 metros cuadrados, y no aparece el edificio donde está ubicado la universidad.

De acuerdo con un denunciante que habló con la revista Semana la Universidad de San Martín habría engañado la Notaría 13 de Bogotá para inducir al error a la Superintendencia de Notariado y Registro de Cali, quienes expidieron los certificados de libertad y tradición para los 10.898 metros cuadros que dio de garantía.

Con todos los problemas legales podrían afectar a cerca de 1.030 de estudiantes de Medicina Veterinaria, Administración de Empresas y Contaduría a Distancia puesto que se quedarían sin la sede del recinto universitario en donde dan clases.

La Universidad de San Martín habló con Infobae ante noticia revelada por el medio anteriormente citado y explicó que “no existe ningún tipo de riesgo en la continuidad de la prestación del servicio educativo en Cali”, además, envían un mensaje de tranquilidad a todo el plantel educativo.

“La Fundación no se encuentra en medio de ninguna “disputa” ni “pleito” judicial por el inmueble de la sede de Cali, ni ha puesto como garantía de pago para crédito alguno, el lote donde se ubican dichas instalaciones. Las denuncias por “estafa, fraude procesal, falsedad y uso de documento público falso” en contra de la Fundación Universitaria San Martín a las que hace referencia el medio, no son de conocimiento de la Institución, por lo tanto, no existe ningún tipo de vinculación con esos procesos”, añadió la Fundación Universitaria San Martín seccional Cali.

La universidad explicó el Ministerio de Educación Nacional ejerce un control normal ante las instrucciones de educación superior y, además, recalcó que los bienes “que pertenecen a la Fundación tienen medidas de protección consagradas en la ley”, por esta razón no existe algún tipo de riesgo de embargo.

“La Institución cuenta con presencia permanente del Ministerio de Educación y está obligada a dar cumplimiento a sus distintas responsabilidades y honrar sus compromisos reconocidos y adquiridos, incluyendo los que se presentaron antes del 2015, garantizando en primer lugar, la prestación del servicio educativo”, agregó la institución.