
A tan solo dos días de las elecciones regionales en Colombia, un informe elaborado por la corporación Transparencia por Colombia y la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento Electoral revela una preocupante falta de transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Según los datos recopilados hasta el 23 de octubre, en lo que se conoce como el Tercer reporte de seguimiento a ingresos y gastos de campañas 2023, se evidencia que el 91% de las candidaturas a cargos como alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales no han cumplido con la obligación de rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento.
Este informe muestra que únicamente el 9% de las candidaturas ha proporcionado información sobre sus ingresos y gastos en tiempo real, lo que significa que la gran mayoría de los votantes acudirán a las urnas sin conocimiento de la procedencia de los fondos utilizados para financiar las campañas de aproximadamente el 91% de los candidatos en las elecciones territoriales de 2023.
En lo que respecta a los candidatos que han reportado, el 8.2% ha comunicado al menos un ingreso, y el 6.6% ha informado al menos un gasto. Además, se ha observado una diferencia significativa entre los ingresos y los gastos declarados, ascendiendo a 60 mil millones de pesos. Esta disparidad sugiere que grandes cantidades de dinero se están invirtiendo en las campañas durante los días previos a las elecciones.
En lo que respecta a la fuente de los ingresos, el 57% proviene de aportes propios y de familiares de los candidatos, mientras que el 32.1% corresponde a contribuciones de particulares. Estos datos indican que la financiación de las campañas territoriales depende en gran medida de fuentes privadas, con una parte considerable proveniente del patrimonio personal de los candidatos y sus familias.
El informe también revela una concentración de ingresos generados en actos públicos, con tres candidatos a la Gobernación de Antioquia y un candidato a la Alcaldía de Medellín acaparando el 37% de los recursos declarados en esta categoría.
Violencia de grupos armados ilegales aumentó 127% durante campaña electoral
La Misión de Observación Electoral, MOE, en el quinto informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el 2023, que reporta datos del 29 de octubre 2022 al 29 de septiembre 2023, los cuales revelan cifras no muy alentadoras para el país.
Según la organización, que realiza un monitoreo permanente de la violencia política, a fin de identificar tendencias y patrones en el comportamiento de la violencia y emitir recomendaciones para hacer frente a la misma, en cuanto al accionar y la presencia de los grupos armados ilegales, GAI, indicó que se han presentado 1.352 hechos violentos, de los cuales 947 son acciones armadas y 405 amedrentamientos.
Sostuvo que casi una tercera parte de los hechos letales contra candidaturas (30%) no se da en municipios con riesgos por presencia de grupos armados ilegales:
“El cese al fuego con el Eln pudo tener un impacto positivo en bajar los niveles de incremento de violencia contra liderazgos en algunos municipios con presencia de este grupo”.
En el mismo sentido, alertó que la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país constituye una amenaza a la democracia en la medida que limita la participación y representación de la población, y que esto es un medio para imponer o silenciar posturas, procesos y demandas, y afecta procesos democráticos dirigidos por líderes.
En el informe, la MOE analizó la violencia política ocurrida durante los primeros once meses del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, que arrancó el 29 de octubre de 2022 con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos.
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