El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero fue acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto Hidroituango.
De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, Ramos Botero deberá ir a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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El ente acusador aseguró que el megacontrato para la construcción de la hidroeléctrica fue direccionado por Ramos Botero para que quedara en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Por lo anteriormente expuesto, la Fiscalía lo acusó y la Corte Suprema de Justicia avaló a la Gobernación de Antioquia y al Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA) dentro del proceso.
Además, el alto tribunal dio un plazo de tres días hábiles a la Fiscalía y a la defensa del exgobernador para que presenten el material probatorio para el desarrollo del juicio penal.
Frente a la noticia de la acusación formal, el exgobernador se pronunció a través de un comunicado a la opinión pública, en el que calificó de “infame” la decisión de la Fiscalía y señaló que “jamás partició” en la licitación del proyecto de Hidroituango, ni hizo parte de la junta directiva de la sociedad.
“Desconociendo flagrantemente normas de contratación estatal y basada en la inexactitud de que yo hacía parte de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango, la Fiscalía ha decidido acusarme por la aprobación y celebración del contrato BOOMT entre dicha Sociedad y EPM Ituango, hecho del cual jamás participé como Gobernador de Antioquia. Reitero mi inocencia ante una nueva infamia en mi contra, tras una carrera dedicada al servicio de Medellín, Antioquia y Colombia”, escribió el exgobernador en su cuenta de X (antes Twitter).
Ramos se encuentra actualmente privado de la libertad por sus vínculos con grupos paramilitares. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte lo condenó, en abril de 2022, a una pena de 7 años y 11 meses de prisión y a una multa de 7749,65 salarios mínimos e inhabilidad vitalicia para ocupar cargos públicos.
En lo que se relaciona al caso Hidroituango, en 2009 arrancó el proceso para construir el proyecto. Para ello, se abrió una licitación pública internacional y siete compañías interesadas clasificaron para obtener el contrato.
Sin embargo, el proceso de subasta se levantó en octubre de ese mismo año porque la junta directiva de Hidroituango, en la que participaba Ramos Botero como gobernador de Antioquia, seleccionó a EPM.
“Esta actuación del doctor Luis Alfredo Ramos, que ejerció una posición activa en la junta directiva tanto en su participación como gobernador, tanto como la sociedad IDEA, que hace parte descentralizada del departamento, mantuvo una posición contraria a los intereses del departamento y que significó privilegiar a EPM en un proceso de selección”, precisó la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Lo anterior violó los principios de contratación pública, toda vez que la junta directiva modificó su estatuto de contratación para permitir que un socio recibiera el contrato de manera directa, lo cual se hizo a través de un acuerdo del 10 de noviembre de 2010.
La Fiscalía también señaló que Ramos Botero habría influido en el nombramiento de Álvaro de Jesús Vásquez Osorio en el IDEA, lo que permitió a su vez la elección de Luis Guillermo Gómez Atehortúa como gerente del proyecto.
Además, se habría creado la sociedad EPM Ituango SA para que recibiera el contrato que finalmente se firmó el 30 de marzo de 2011. De todas maneras, la construcción del proyecto quedó finalmente en manos del consorcio CCC conformado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H, poderosas compañías antioqueñas.
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