Los gobiernos que asumen el poder, ya sean nacionales, regionales o locales, suelen cambiar la imagen institucional, lo que implica logos, colores y publicidad. Estos cambios le representan al país un costo de unos 2 billones de pesos cada año. Por esta razón, en 2022 unos congresistas del Partido Alianza Verde presentaron un proyecto de ley para estandarizar el manual visual de las entidades e instituciones y evitar ese gasto, que consideran innecesario.
Esta iniciativa, denominada Chao Marcas de Gobierno, liderada el representante a la Cámara Cristian Avendaño y su compañera Carolina Giraldo, por Santander y Risaralda, respectivamente, ya surtió tres de los cuatro debates para hacerse realidad y ahora está a un solo debate en la plenaria del Senado.
La propuesta busca que presidente, alcaldes, gobernadores y demás entidades estatales tengan una imagen común mediante un manual de identidad visual, que también recupere la identidad cultural e histórica de cada entidad territorial y entidad estatal.
“Presentamos este proyecto de ley para acabar con esa vagabundería que tienen algunos funcionarios públicos que no les gusta la comunicación gráfica que tiene la entidad, que no les importa rescatar la identidad cultural e histórica de sus territorios y derrochan plata del presupuesto, plata de ustedes, de sus impuestos para enaltecer su imagen personal o la de sus partidos o movimientos políticos”, explicó el representante Avendaño en marzo pasado, cuando el proyecto pasó su segundo debate.
Este proyecto de ley, PL 163 de 2022, no tiene como objetivo prohibir la publicidad estatal. En cambio, busca regular la publicidad oficial para evitar que esta se utilice para satisfacer las vanidades de los líderes actuales, y así para proteger la identidad institucional de las entidades estatales y entes territoriales.
Para ello, la iniciativa de los legisladores del Partido Alianza Verde propone una serie de medidas, entre las que se destacan:
- Unificar la imagen institucional en un manual que será elaborado con criterios técnicos y participación ciudadana.
- Prohibir las marcas de gobierno en la identidad visual de las entidades estatales.
- Garantizar la utilización de los símbolos patrios en la identidad institucional.
- Conservar las cuentas de vocerías del Estado.
- Garantizar la austeridad a través de la prohibición de publicidad estatal en favor de servidores o planes de gobierno.
“También van a tener que unificar las cuentas de vocería institucionales, van a tener que comunicar toda la promoción de la entidad estatal o de la entidad territorial a través de unas cuentas institucionales, que se van a ceder de un gobierno a otro, pero manteniendo toda la misma línea”, complementó el representante Cristian Avendaño.
La “Marca Ciudad” de Bogotá
El 3 de septiembre de 2019, el Concejo de Bogotá aprobó una iniciativa parecida, el Acuerdo 744, que establece directrices para el uso de la marca. Según este acuerdo, la Administración Distrital solo utilizará el escudo de la “Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.” o la marca de la ciudad para identificar cualquier edificio, monumento o lugar público, dotaciones, papelería, elementos de merchandising, vehículos y publicidad; propaganda oficial.
Desde ese momento, la marca se usa en piezas de comunicación de acuerdo con lo establecido en el manual de uso, cuyo objetivo es promocionar y posicionar a Bogotá como atractivo turístico.
De la misma forma, la “Marca Ciudad” tiene la finalidad de posicionar una frase e imagen distintiva y exclusiva para la Alcaldía Mayor de Bogotá, con lo cual se busca un beneficio económico porque obliga a eliminar los gastos de promoción y posicionamiento de lemas de un gobernante en particular. Esos mismos beneficios buscan ser repetidos a escala nacional con el proyecto de ley presentado por los representantes Avendaño y Giraldo.
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