El exministro del Trabajo Rafael Pardo y el exdirector del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos Eduardo Díaz Uribe enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en rechazo de las afirmaciones en las que el mandatario calificó como “antro de corrupción” el programa de sustitución del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en medio de una nueva sesión regional del Gobierno Escucha, en Tumaco (Nariño). En este evento, Petro lanzó duras críticas a la política de sustitución de cultivos ilícitos y denunció que los operadores del programa se apropiaron indebidamente de los recursos destinados a los campesinos para facilitar la transición hacia actividades legítimas de producción.
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El mandatario colombiano también aseguró que “la plata no llegó como se planteó aquí. Las administraciones contrataron intermediarios, conocidos como operadores, que manejaron los fondos en fideicomisos. Los operadores se apropiaron de los recursos de los campesinos”.
Finalmente, el presidente Petro señaló que la política dejó a muchos campesinos atrapados en la transición, algunos bajo amenazas, debido a la falta de apoyo financiero prometido por el Gobierno.
Estas declaraciones no cayeron muy bien en el exministro Pardo y el exdirector del PNIS, pues en una misiva dirigida a Petro los exfuncionarios catalogaron sus declaraciones como “falsas”. Además, respondieron a las críticas del presidente y destacaron algunos logros en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
De acuerdo con Pardo y Díaz, se transfirieron montos a 67.665 familias campesinas, con quienes se pactó de manera personal la erradicación voluntaria, y aclararon que la gestión se llevó a cabo sin necesidad de contratar operadores, fiducias o intermediarios.
Sobre el seguimiento y monitoreo de los terrenos para la erradicación de cultivos voluntaria, acudieron al acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la cual brindó apoyo en la estructuración y puesta en marcha de proyectos productivos y huertas caseras.
Por otra parte, aclararon que se instaló un espacio de diálogo con campesinos, organizaciones y entidades públicas para garantizar la participación de los involucrados en el proceso, el cual incluyó a excombatientes de las Farc y firmantes del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, aseguraron que durante el gobierno de Iván Duque, la UNODC fue sustituida por fiducias y operadores, por lo tanto, las mesas de participación dejaron de ser convocadas y se suspendió el acompañamiento que, en el terreno, hacían excombatientes y firmantes de paz.
También se refirieron a la crítica que hizo el presidente Petro sobre la “dimensión individual de los acuerdos con los campesinos”. Sobre este punto explicaron que, por norma constitucional, las responsabilidades penales son individuales y no colectivas. Así, señalaron que “el Acuerdo Final de Paz estableció la obligación de modificar la normatividad de manera que cesaran las sanciones penales para los cultivadores que erradican voluntariamente los cultivos”.
Por todo lo anterior, pidieron al jefe de Estado que se retracte:
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