
Juan Carlos Upegui Vanegas, de 34 años, es uno de los 16 aspirantes que buscan llegar a la Alcaldía de Medellín (Antioquia). Fue avalado por el movimiento Independientes, del actual alcalde de la ciudad, Daniel Quintero y, por ahora, las encuestas arrojan que es el segundo con mayor intención de voto en la ciudad antioqueña, después de Federico Gutiérrez.
Upegui nació el 10 de mayo de 1989 en Medellín, ciudad que asegura conocer muy bien. Creció en un sector popular, donde vivió con su madre, una vendedora del centro de la capital antioqueña, y con su padre, un docente de colegio, cuyo oficio terminó influyendo en la elección de carrera profesional que años después haría el candidato paisa.
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Se formó como filósofo con énfasis en el Estudio de Lenguajes Naturales aplicados a la tecnología y al estudio de datos en la Universidad Nacional de Colombia. Además, se instruyó en liderazgo de ciudades, aprendizaje que fue acreditado por Bloomberg y Harvad.
Su niñez se vio profundamente marcada por un episodio de violencia que, según afirma, finalmente lo motivó a encaminar su educación y su trabajo hacia la búsqueda de una ciudad más pacífica y justa. En medio de la ola de violencia que azotó al país en los 90, cuando Upegui apenas tenía 10 años, un primo muy cercano llamado Jorge fue asesinado.
La partida de su primo supuso una división en su vida: “He sido desde ese momento un defensor de la necesidad de acabar el conflicto, de construir una sociedad más pacífica, de sacar a los jóvenes de la violencia en los territorios”, dijo.

Upegui es primo de Diana Osorio, gestora Social de Medellín y esposa de Daniel Quintero, lo cual ha generado polémica en diferentes sectores que consideran que su llegada a la Secretaría de No Violencia se debió principalmente a sus vínculos con la entonces primera dama de Medellín, pues el aspirante fue nombrado el primer secretario de No Violencia de la ciudad en el año 2020.
De paso, su candidatura a la Alcaldía de Medellín también ha sido puesta en duda por sus conexiones familiares con Daniel Quintero, a quien, además, conoce desde hace muchos años.
“Yo fui elegido como candidato a la Alcaldía por encuestas con la ciudadanía, en especial por el respaldo de los jóvenes, me han acompañado muchísimo por la coherencia que hemos tenido en la defensa de las causas, por la educación, por el medio ambiente, por la sintonía”, sostuvo.
La Secretaría de No Violencia

En comparación con otros aspirantes, Upegui podría verse en desventaja al no contar con la misma experiencia en cargos públicos, sin embargo, el candidato asegura no quedarse atrás. Ayudó a crear la Secretaría de No Violencia que después terminó liderando, obligación que categorizó como, quizás, “el máximo cargo directivo de la ciudad”, en relación con la administración de los recursos públicos.
De acuerdo con el candidato, durante el tiempo que estuvo ejerciendo funciones como secretario de No Violencia, hubo una reducción del delito del homicidio en un 40%, que no solo representó un hito para la ciudad, sino que también generó eco en otros países como Brasil y Ecuador, que buscaron contactarse con él para indagar las estrategias que llevaron a la administración a alcanzar esa cifra.
Según el candidato, cuando se generó el estallido social en Colombia en 2021, Medellín, a diferencia de otras capitales, no registró muertes violentas de miembros de la fuerza pública ni de manifestantes.
El candidato “millennial” de Medellín

Su experiencia también pasa por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), donde fue contratado para investigar sobre inteligencia artificial. A esto se adiciona su trayectoria como asesor y consultor en diferentes proyectos.
En la creación del proyecto del valle del Software de Medellín también está involucrado Upequi, cuyo objetivo es crear empresas e impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en la ciudad. Esta iniciativa, sin embargo, está en la mira de la Procuraduría General de la Nación (PGN) por presuntas irregularidades en la entrega de varios centros territoriales. Por eso, en enero de 2023, el organismo de control solicitó a la Alcaldía de Medellín información que permita indagar sobre dichas anomalías.
Por otro lado, el candidato ayudó a coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023 y la Gerencia de Proyectos Estratégicos, mediante los cuales se adelantaron iniciativas como el metro de la 80, que está proyectado para tener 17 estaciones y movilizar a más de 179.000 personas, y los computadores futuro, destinados a instituciones educativas oficiales de Medellín. De hecho, el Plan de Desarrollo fue categorizado como el mejor del país.

“Gracias a toda esa experiencia, fui invitado por Harvard y Bloomberg a estudiar con líderes de diferentes ciudades del mundo para construir esas habilidades que requieren dentro de liderazgo para las ciudades”, detalló el aspirante paisa en conversación con Infobae Colombia.
Ahora, para su candidatura a la Alcaldía de Medellín, ha generado varias alianzas con diferentes sectores de la ciudad; ha firmado compromisos con personas en condición de discapacidad, venteros y venteras y comunidades animalistas y ambientalistas, con el objetivo de garantizar su protección si llega a asumir el cargo al que aspira.
No obstante, el proceso de campaña de Upegui se ha visto salpicado por un escándalo referente al presunto recibimiento de apoyos económicos por parte de la administración de Quintero, debido a un contrato interadministrativo celebrado por la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional de Medellín, destinado al desarrollo de material gráfico y audiovisual para la Alcaldía.
Según denunció la abogada Gloria Jaramillo en redes, hay una carpeta de Google Drive en la que se encontró material multimedia de la campaña de Upegui y otros aspirantes a cargos públicos, lo que implicaría que parte de los dineros públicos de la ciudad no estarían siendo utilizados para la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía, sino para apoyar campañas electorales.
Con respecto a esto, la Alcaldía de Medellín se defendió argumentando que el material hallado no corresponde al cumplimiento del contrato en cuestión y tampoco ha sido aprobado por la administración ni por la universidad.
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