Siempre se ha comentado que la política es dinámica y esta premisa parece tomar fuerza en esta recta final de las campañas políticas que aspiran a gobernaciones, alcaldías y concejos municipales. Los candidatos ahora parecen mostrar una peculiar afinidad con plataformas como Facebook, Twitter e Instagram para conectarse con los votantes y difundir sus mensajes.
De hecho, aunque los eventos públicos y los actos de presencia de candidatos todavía despiertan la atención de los electores, las redes sociales se han convertido en un escenario cada vez más importante para promover a los aspirantes y partidos políticos.
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Un ejemplo notorio de esta tendencia es el candidato a la Gobernación del archipiélago de San Andrés por el Partido Liberal, Nicolás Gallardo, quien ha organizado eventos masivos y caravanas de campaña que generan un gran impacto en la opinión pública.
Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido es su inversión significativa en publicidad en redes sociales. Según los informes de la aplicación Cuentas Claras, Gallardo ha gastado más de $26 millones en publicidad en línea, una cifra que se suma a su costo total de campaña.
A pesar de que el tema ya está en conocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y existe una regulación al respecto, las medidas parecen ser escasas para controlar un mundo digital que es amplio y en ocasiones indetectable. Esa sería la excusa con las que algunas campañas políticas estarían sacando provecho de la publicidad digital que, si bien puede no ser auspiciada por sus candidatos, sí da paso a que se puedan vincular dineros irregulares a través de terceros.
Entre las normas del CNE, se ha establecido que la publicidad política en redes sociales solo puede comenzar 60 días antes de las elecciones, que para estas elecciones se iniciaron el 29 de agosto. Sin embargo, datos de la biblioteca de datos abiertos de Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp), recopilados por El Espectador, muestran que muchos candidatos han estado pagando publicidad en redes sociales desde mucho antes de esa fecha.
Algunos candidatos han optado por gastar sumas significativas en publicidad en redes sociales sin reportar adecuadamente estos gastos. Un ejemplo destacado es el de Natalia López Fuentes, candidata a la Alcaldía de Montería. Meta estima que la aspirante ha gastado cerca de $198 millones en 176 publicaciones en redes sociales, aunque la información no aparecía registrada en el portal Cuentas Claras del CNE.
Otro al que se le estarían sumando varios millones, según la multinacional digital, es el candidato Juan Upegui, que aspira llegar a la Alcaldía de Medellín y que cuenta con todo el apoyo del exalcalde Daniel Quintero. Según los datos proporcionados por Meta, Upegui ha gastado $180.3 millones en redes sociales, aunque los valores reportados parecen ser mucho menores a los que maneja la administradora de Facebook e Instagram.
Lo que hace que esta situación sea aún más interesante es la falta de regulación adecuada en cuanto a la publicidad política en las redes sociales. A diferencia de otros medios de comunicación, como la televisión, donde existe un marco legal claro para la publicidad política, las redes sociales operan en una especie de zona gris en Colombia.
Para la directora de programas para Estado y Sistema Político de Transparencia por Colombia, Sandra Ximena Martínez, se debería aplicar un enfoque similar al de la publicidad en televisión, donde solo el candidato puede contratar y pagar la publicidad.
““Una de las primeras observaciones que se están haciendo aquí es que tiene que aplicar exactamente lo mismo que la pauta en televisión. O sea, no puede haber un tercero “de buena voluntad” haciendo ese pago de pauta. Si alguien quiere manifestar un apoyo a un candidato tiene que hacerlo a través de la campaña y eso tiene que reportarse e incluirlo dentro de los gastos o ingresos”, comentó Martínez en diálogo con El Espectador.
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