
El presidente Gustavo Petro aceptó que Euclides Torres fue el financiador del multitudinario evento con el que arrancó su carrera a la Presidencia de la República: la manifestación de la ‘P’ en Barranquilla el 11 de septiembre de 2021. Por la fecha, el mandatario sostiene que no se puede contar como parte de la campaña.
Petro encendió los motores de la campaña presidencial mucho antes de sus competidores con un evento de grandes dimensiones la plaza de la Paz de la capital del Atlántico. Dos meses antes del inicio formal de la propaganda electoral y de la inscripción de los candidatos a disputar la Presidencia de la República, según el calendario de la Registraduría para esos comicios.
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Por todos esos detalles, sumados a una tarima con la figura de la inicial del apellido de Petro y la asistencia de casi 15.000 personas, el evento llamó la atención nacional. Además, se cuestionó de dónde había salido el dinero para realizarlo, e incluso se formularon denuncias antes los órganos electorales, en pesquisas que todavía continúan.
Tras la compulsa de copias de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para que se investigue su campaña, el presidente Petro se refirió al episodio.
A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el jefe de Estado no descartó la posibilidad de que Euclides Torres haya sido el músculo financiero para la manifestación de la ‘P’ en la plaza de la Paz. Señaló que no reviste ninguna irregularidad y negó que hiciera parte de la campaña electoral.

“En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no esta cobijado por la ley electoral de campañas”, señaló el mandatario.
Petro recalcó que para ese momento aún era senador por lo que estaba cobijado por el foro de los congresistas. Además señaló que por la fecha de la manifestación, el 10 de septiembre de 2021, este no tenía que regirse por las normas de financiación de la campaña electoral.
“Y ante tamaño error del interrogador de la fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la comisión de acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”, escribió el presidente.

Nicolás Petro aseguró en agosto de 2023 a la Fiscalía que el evento fue planeado entre él y Armando Benedetti con el objetivo de mostrar la popularidad de Gustavo Petro, luego de que disminuyeran las protestas del paro nacional que se realizó ese año.
El hijo del mandatario sostuvo que Benedetti se comprometió a conseguir la plata para financiar el evento y luego supo que el dinero provenía de Euclides Torres, un empresario miembro de una familia conocida como un clan político del Atlántico. Petro Burgos señaló que todos los recursos se canalizaron a través de Pedro Flórez, actual senador del Pacto Histórico.
El exdiputado calcula que la manifestación costó más de 300 millones de pesos, que es un valor alto para ese tipo de eventos, que además les permitió a los Torres y a Benedetti consolidar su papel dentro de la campaña. El hijo del mandatario sostiene que Euclides habría aportado para la realización de otros eventos en plazas públicas.
Entre estos otros, de acuerdo con La FM, se encontrarían dos eventos más entre septiembre y octubre de 2021. El primero en la Plaza Primero de Mayo en Valledupar y el segundo en La Boquilla, en Cartagena, que tendrían un vínculo con el empresario Torres. Las autoridades deberán investigar si esos eventos cuentan dentro del reporte de ingresos y gastos formales de la campaña.
Torres tiene varios contratos con el Sistema de Control y Vigilancia SICOV y una de sus empresas socias, Indra SAS, está en proceso de adjudicación de un millonario contrato para administrar esa plataforma que recibe los pagos de todos los trámites de tránsito a nivel nacional, en una concesión por 12 años que está próxima a adjudicarse.
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