Nancy Patricia Gutiérrez, actual candidata a la Gobernación de Cundinamarca, fue encarcelada por parapolítica, ahora la Nación deberá pagarle una millonada

Luego de estar en la lupa de la justicia por 10 años, incluso en la cárcel, acusada por parapolítica, la actual candidata a la Gobernación de Cundinamarca fue declarada inocente. Este año el Consejo de Estado avaló la decisión

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Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a
Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a la Gobernación de Cundinamarca, será indemnizada por el Gobierno - crédito Facebook

Luego de que, al ser acusada por parapolítica, estuviera por al menos 10 años siendo investigada, el Consejo de Estado ratificó la inocencia de la expresidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez, quien hoy también candidata a la Gobernación de Cundinamarca por el Centro Democrático.

En una entrevista con Semana, Gutiérrez afirmó: “Fui víctima de vulneración y violación de derechos humanos y de falsos testigos. Enfrenté un juicio en la Corte, una detención en mi casa durante 13 meses, privación de libertad que me sacó de la actividad pública y política por más de 6 años”.

Y es que la exfuncionaria fue acusada y procesada por el testimonio del cuestionado exparamilitar Andrés de Jesús Vélez, quien, según se ha demostrado, ante la Corte Suprema de Justicia ha brindado falso testimonio más de una vez. Incluso, cuando señaló a Gutiérrez de ser respaldada por alias El Pájaro para una de sus campañas al Congreso.

La respuesta del Consejo de Estado a la excongresista recientemente confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que condena al Estado a indemnizarla y a reconocer las debilidades en la aplicación de justicia. De la misma manera, la Rama Judicial tendrá que extender una disculpa pública por la equivocación.

El documento de la entidad tiene como referencia la reparación directa que debe recibir la excongresista. Allí se señala que se declaró “administrativa y extracontractualmente responsable a la Rama Judicial del daño antijurídico ocasionado a Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Juliana Perdomo Gutiérrez, Daniel Alonso Perdomo Gutiérrez, Miguel Germán Rueda Serbousek, Helia Athala Castañeda de Gutiérrez, Pedro Enrique Gutiérrez Castañeda, Martha Nelly Gutiérrez Castañeda y Adriana Marcela Gutiérrez Castañeda por la privación injusta de la libertad de la primera de los mencionadas entre el 26 de mayo de 2011 y el 14 de junio de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa”.

Del mismo modo, señala que “condena a la Nación - Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios las sumas” que dan un total de más de 206 millones de pesos en favor de Gutiérrez y su familia, en calidad de víctimas directas del proceso judicial antijurídico. En esta suma se hace la retribución correspondiente a las irregularidades y arbitrariedades que permearon su caso, por lucro cesante, daño emergente perjuicio moral para sus hijos y su madre, además de una consideración de gastos que debieron ser destinados a su defensa por la injusta acusación.

Ahora, más allá de la indemnización económica, en aras de la reparación de Gutiérrez, la decisión del Consejo de Estado solicita que Gutiérrez reciba excusas públicas debido a los daños a la imagen y a su familia, que también fue declarada víctima.

La sentencia reza así: “Ordénese al director ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama Judicial emitir un comunicado en el cual ofrezca disculpas a la señora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia”.

La misma Gutiérrez aseveró que el momento que vivió fue muy “duro”, ya que “fue la época de adolescencia, y de pasar de la juventud a la mayoría de edad de mis hijos. Fue un momento para mi familia”. Pese a esto, reconoce que “como hay justicia divina, bienvenida esa justicia”.

Además, solicita que se admita “y ojalá en cabeza del responsable en la Corte Suprema de Justicia que salga y reconozca que hubo una injusticia”, mientras agrega que hubo personas detrás del caso que no consideraron su “debido proceso, la presunción de inocencia, el juicio justo que hizo incurrir en error a los Magistrados titulares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

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