El Gobierno de Estados Unidos, a través de un memorando firmado por el presidente Joe Biden el 15 de septiembre, certificó a Colombia en la lucha antinarcóticos, pero advirtió que si bien el país sigue combatiendo los cultivos ilícitos, estos continúan en niveles altos. Con la certificación, los recursos estadounidenses destinados a la lucha contra las drogas no se verán afectados.
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El presidente Biden también anunció que su país seguirá “apoyando los esfuerzos en curso para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína, ampliar el acceso a la justicia y promover medios de vida alternativos. Colombia ha sido históricamente un socio fuerte en la lucha contra el narcotráfico”.
En el mismo memorando, el presidente Biden descertificó a Bolivia, Venezuela y Myanmar (Birmania).
La cocaína está a punto de superar al petróleo como principal producto de exportación de Colombia
La certificación del Gobierno estadounidense, con la advertencia sobre los cultivos ilícitos, llega un día después de que se conociera que la cocaína está a punto de convertirse en el principal producto de exportación de Colombia, superando al petróleo, ya que la producción del estupefaciente sigue aumentando mientras el Gobierno adopta una política más indulgente con respecto a las drogas, según estimaciones de Bloomberg Economics.
Las exportaciones de petróleo registraron una caída del 30% en el primer semestre y la tendencia del comercio de cocaína ha aumentado de forma sostenida, lo que significa que esta última podría convertirse en el principal producto de exportación de Colombia este mismo año, según el economista de Bloomberg Felipe Hernández.
En 2022, la producción de cocaína en Colombia creció a un récord de 1.738 toneladas, mientras que la superficie de tierra plantada con coca, la materia prima para fabricar la droga, respecto a 2021 aumentó un 13% llegando a 230.000 hectáreas, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado la segunda semana de septiembre.
Según Felipe Hernández, el aumento de la producción de cocaína ha tenido un impacto de corto plazo en la actividad, la demanda interna y las cuentas externas, mientras que no parece tener correlación con el desempeño del peso colombiano.
Petro se propone asfixiar al narcotráfico con su política de drogas
El 9 de septiembre, al finalizar la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre las drogas, se conoció la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro: Sembrando vida desterramos el narcotráfico, que tendrá vigencia por los próximos diez años. Entre los objetivos para 2026 está la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito, que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.
La política de drogas, elaborada por el Ministerio de Justicia y que se conoció en El Espectador y W Radio, tendrá dos frentes de ataque, si se quiere, uno que dará oxígeno a los campesinos cultivadores de coca, amapola y cannabis, mientras se asfixia a los narcotraficantes, a través de la reducción de la producción de drogas y de su disponibilidad en los mercados internos y externos; la desestructuración de redes criminales. También se busca identificar y afectar las rentas ilegales, persiguiendo el lavado de activos.
En el componente de asfixia de la política de drogas se advierte que se busca afectar a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico al impactar la infraestructura destinada a la producción de drogas ilícitas de origen natural y sintético; el fortalecimiento de la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre; la persecución de las finanzas ilegales y del lavado de activos; el uso estratégico y eficiente de la erradicación de cultivos; concertar los esfuerzos judiciales en la lucha contra el microtráfico; y combatir la corrupción asociada a la implementación de la política de drogas.
En materia de erradicación de los cultivos ilícitos, la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro advierte que se priorizará solamente la erradicación forzosa cuando estos excedan la medida establecida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, bajo la categoría de “cultivo de pequeño cultivador”.
Sobre esto, el documento advierte: “La erradicación forzosa aplicará en los cultivos que: no se encuentren dentro de la categoría “pequeño cultivador”, expandan su área, sean sembrados después de la publicación de esta política (independientemente de su área), tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína, incumplan compromisos de sustitución y otros mecanismos de tránsito a economías lícitas”.
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