La Procuraduría General de la Nación mostró su preocupación ante los resultados de las metas planteadas por el Gobierno relacionadas con la asignación de tierras que permiten a miles de familias colombianas resarcir parte del daño causado por la violencia y el conflicto armado.
Luego de que el Ministerio Público pidiera un informe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los avances en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, el ente de control confirmó que no son ciertos los resultados sustanciales apropiados por el actual Gobierno, sino que, por el contrario, estos están muy por debajo de las cifras reportadas como logros.
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Lo que llamó la atención de la Procuraduría es que, en el informe remitido por una oficina de inspección de gestión de tierras de la ANT se evidenció que de las supuestas 1.184.630 hectáreas que el Gobierno señaló haber formalizado, en realidad solo fueron entregadas 269.321 hectáreas con corte al 31 de agosto de 2023.
Además, la ANT determinó que 641.727 hectáreas corresponden a la formalización y entrega de títulos resultado de la gestión de gobiernos anteriores.
“Del total de extensión presentada como avances de formalización del Gobierno actual, la mayor parte, correspondía a actuaciones anteriores a la entrada del actual gobierno, y una gran parte de lo presentado como avances no tenía fecha de clasificación de los datos”, se lee en el documento conocido por El País de España.
Lo anterior, alertó a la Procuraduría sobre una imprecisión y falta de transparencia en la entrega de indicadores, los cuales no correspondían al periodo actual ni a los establecidos para su seguimiento, especialmente los relacionados con el registro de tierras, adjudicaciones de bienes fiscales, formalizaciones de predios privados, entre otros.
Finalmente, el ente de control confirmó que la información será revisada minuciosamente e incluida en el informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz que el Ministerio Publicó radicará en el Congreso de la República.
La Procuraduría reiteró que seguirá llevando a cabo un seguimiento y control a los próximos reportes de la ANT, especialmente frente a la meta de los tres millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras.
De igual manera, hará vigilancia sobre la formalización de siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas, “sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias que resulten procedentes por las deficiencias en la información puesta a conocimiento de la ciudadanía”.
El informe de la oficina de inspección de la ANT, publicado por el diario El País, explicó que decir que este Gobierno formalizó las tierras tituladas y registradas en administraciones anteriores, inflando las cifras, es engañoso.
“El uso de las cifras de esta manera resulta problemático y debería ser revisado”, dice el documento. Y concluye: “Esta oficina mantuvo en firme la disconformidad al respecto del manejo de las cifras e hizo un llamado a la transparencia de las mismas frente a la ciudadanía. Alertando de especial manera sobre los casos registrados como formalización que carecían de fecha de acto administrativo y de registro, ya que eso podría dar lugar a estar registrando proyecciones”.
Esta problemática ya había generado roces entre la ministra de Agricultura, Jhennifer Mojica, y el director de la ANT, Gerardo Vega, por la decisión de presentar como formalizadas las tierras que en los gobiernos anteriores ya habían cumplido los dos requisitos para su titulación.
Al parecer, actual administración no se tuvo que preocupar por la adjudicación de dichas hectáreas a través de actos administrativos, ni por la inscripción en el Folio de Matrícula Inmobiliaria; solamente habría dado aviso a los propietarios beneficiados.
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