Abren investigación contra dos exalcaldes de Santa Marta por presuntas irregularidades en la construcción de 15 parques

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012–2015) y Rafael Alejandro Martínez (2016–2019), así como al exgerente de Infraestructura de la ciudad, Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016–2018), por presuntas irregularidades en la adecuación de 15 parques en la ciudad.

Carlos Eduardo Caicedo, quien es el actual gobernador del Magdalena, es investigado, según señala la Procuraduría, porque al parecer habría celebrado un adicional al contrato de obra, en el que modificó aparentemente de manera irregular el objeto de este y obvió los estudios previos necesarios.

De esta manera, el ente de control, indica que por esa conducta, pudo infringir los principios de economía, planeación, transparencia y responsabilidad, al suscribir el documento sin los estudios previos suficientes que permitieran demarcar el objeto de los trabajos a realizar.

Del mismo modo, el ente de control señaló que, en cuanto al exalcalde Martínez y al exgerente de infraestructura Rodríguez Peña, ellos habrían suscrito una segunda adición por 1.937 millones de pesos, con lo que incrementaron el valor inicial de las obras por encima del 50%, sobrepasando el límite máximo fijado por la ley para adicionar el valor de un contrato. Como resultado, el valor de las obras pasó de 7.923 millones de pesos a 13.476 millones de pesos.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de Caicedo como una falta gravísima y la de Martínez y Rodríguez Peña como una falta grave a título de culpa gravísima.

El ente de control ya había puesto la lupa sobre la gestión de Caicedo como alcalde de la capital del Magdalena, el pasado 24 de mayo, la Procuraduría General profirió pliego de cargos en contra de los mismos exalcaldes de Santa Marta así como contra otros dos exfuncionarios de la administración municipal, por presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Parque del Agua.

Uno de ellos es el gerente Rodríguez Peña a quien se le abrió pliego de cargos junto con el exgerente de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture Mercado, queinh estuvo en ese cargo en 2015.

La Procuraduría los investiga por el aparente atraso presentado en las distintas etapas del proceso, desde la celebración del contrato, su perfeccionamiento, el inicio, terminación, liquidación y el pago de las garantías contractuales, que se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales.

Entre otras irregularidades, se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de 3.200 millones de pesos para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación y estudios previos que sirvieran de base para demarcar el marco jurídico de lo que se estaba acordando.

Igualmente, se habrían realizado modificaciones para aumentar en más de 50% las cantidades de obra que se debían ejecutar, situación que vulneraba la normatividad legal que establece que los contratos no pueden adicionarse más allá de la mitad de su valor inicial.

Para el Ministerio Público el objeto del contrato debió “ser precisado de manera completa, puntual y clara, pues es la forma como los interesados podrían no solo conocer con cierto grado de certeza qué es lo que la administración pretende con el contrato, sino que llevar el objeto a la indefinición permite que la selección carezca de objetividad en la evaluación de la oferta”.

El Parque del Agua está dotado de una cancha múltiple, juegos modulares con música, de cuerdas, de escalar en muro, de agua, de resortes y juegos infantiles, un splash de agua, una plaza de reloj solar, un juego y rampa de patinaje skate-bowl, equipos biosaludables, geriátricos y línea de vida.