En la tarde del lunes 14 de agosto de 2023, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de investigaciones a cuatro gobernadores por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías por 88.065 millones de pesos.
Los cuatro gobernadores que tendrán que comparecer ante el Ministerio Público son Aníbal Gaviria Correa, de Antioquia; Luis Enrique Dussán López, de Huila; Juan Carlos Iral Gómez, de Guanía; y Heyder Yovanni Palacio Salazar, de Guaviare.
La Procuraduría confirmó que la investigación tiene que ver con proyectos presuntamente inconclusos de infraestructura vial y el fortalecimiento de emprendimientos agrícolas.
Por ejemplo, una de las vías inconclusas se encuentra en Antioquia, donde la Procuraduría encontró presuntas irregularidades en un contrato estimado en 22.700 millones de pesos que tenía como fin el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente antioqueño.
El problema, según explicó la entidad, es que el contrato fue entregado por la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), entidad que fue designada como ejecutora, al contratista Sigma Construcciones S.A. esto sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública consignada en la ley.
Entre las presuntas irregularidades que encontró el Grupo Especial de Seguimiento a Regalías (Ges-sgr) están las “deficiencias en los estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra”, las cuales eran condiciones técnicas diferentes a las especificadas en la propuesta inicial.
Los investigadores también hallaron una insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil contractual e incumplimientos por parte del interventor que, según las investigaciones de la entidad, no habría advertido sobre dichas inconsistencias.
Por estas irregularidades, la Procuraduría no solo investigará al gobernador Gaviria, que era el responsable de verificar la ejecución de la obra, sino tambiéna los secretarios de Infraestructura de 2020 y 2021, la supervisora del contrato de interventoría y al director de Asomura.
El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, será investigado por un proyecto de construcción de un tramo de 7 kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, el cual, tiene un valor de 18.215 millones de pesos.
La Procuraduría puso la lupa en este contrato porque, a pesar de haber sido aprobado en 2015, a 2023 la obra solo presenta el 50% de avance, aunque su ejecución financiera ya llegó al 100%.
“Las presuntas irregularidades encontradas por la Procuraduría estarían en la estructuración y formulación del proyecto de inversión que, al no contar con estudios y diseños actualizados, ni con algunos permisos, licencias ni certificado de sostenibilidad, se ha retrasado sistemáticamente, a lo que se suma la no publicación de la información contractual en el sistema SECOP”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.
Aparte del gobernador Dussan López, a esta investigación también están vinculados la actual secretaria de Vías e Infraestructura, el secretario de Planeación y el interventor de la obra.
El proyecto por el que el gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, tendrá que responder ante la Procuraduría tiene que ver con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por valor de 16.150 millones de pesos.
A pesar de las denuncias realizadas por las comunidades indígenas de la región, la ejecución de la obra tiene más de un año de retraso, por lo que la Procuraduría Regional concluyó luego de una indagación preliminar que la conducta del actual gobernador podría resultar comprometida disciplinariamente por presunta omisión administrativa en la obra.
Por su parte, el gobernador de Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar, tendrá que responder por el proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta con el que se esperaba aumentar los niveles de competitividad y productividad de los cultivos de cacao, entre otros.
Sobre el proyecto la Procuraduría encontró “falencias en los estudios, diseños y presupuestos previos, fallas en la identificación y selección de los beneficiarios, ausencia de planos, diseño de drenajes, construcción de canales y de un sistema de riego vital para garantizar las condiciones agroclimatológicas de los terrenos donde se ejecuta el proyecto, cuyo valor supera los $ 31.000 millones”.
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