El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) alertó a la ciudadanía sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios de la entidad con el fin de recibir dineros o bienes a cambio de la adquisición de insumos, elementos o enseres.
Del mismo modo, la entidad informó a la ciudadanía que los procesos de contratación no se adelantan a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajería WhatsApp porque todos los bienes y servicios que adquiere la entidad se realizan mediante la plataforma Secop II y la tienda virtual de Estado y ninguna persona natural está autorizada para adelantar procesos a nombre de la entidad.
El llamado se hace debido a que personas inescrupulosas han suplantado a funcionarios del Icbf, contactando a comerciantes de todas las regiones del país, haciéndoles creer que están incluidos en procesos para la adquisición de insumos, elementos y enseres, llevándolos a la entrega de bienes o dinero a los falsos compradores.
Por eso el Icbf reitera que la información e inquietudes sobre cualquier proceso de contratación serán resueltas en los canales oficiales dispuestos por la entidad.
Al mismo, tiempo se señala que las conductas de estafa, falsedad personal, simulación de investidura o cargo se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano con penas privativas de la libertad que van desde los dos hasta los ocho años de prisión.
También se anunció que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y se adelantarán mesas técnicas con dicha entidad a fin de lograr una mayor eficacia en la investigación de estos delitos.
Estafas con fines electorales
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, dijo en Blu Radio que se detectaron casos de suplantación en Tolima, Antioquia y Bogotá, entre otras regiones, donde también se están haciendo invitaciones a la población para que reciban beneficios y en el proceso las personas entregan su información personal, para ser utilizada con fines electorales.
“Lo que paso en Valledupar, por ejemplo, donde citan a la comunidad a una supuesta entrega de bienestarina y para la entrega les piden datos personales y fotocopia de la cédula; pareciera que es parte de ese manejo electoral para captar información”, sostuvo Cáceres.
“Le pedimos a la comunidad que verifique nuestras compras, que siempre son a través de Secop, son invitaciones abiertas dentro del marco legal y nunca se hará una compra de ese tipo, entonces es mejor desconfiar de todo ese tipo de invitaciones tan personalizadas”, indicó la funcionaria.
Investigación de la Procuraduría General al Icbf
A comienzos de este año la Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director regional del Cesar del Icbf, Gabriel Enrique Castilla, y a la coordinadora del centro zonal, Zobeida Galván Peña, por presunta omisión en el ejercicio de sus labores de vigilancia y supervisión en la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, Adolescencia y la Juventud.
El Ministerio Público requirió información acerca de la conducta de los investigados, cuando al parecer, habrían tenido conocimiento de los comportamientos de abuso sexual y tratos denigrantes a menores de edad a su cargo el director, representante legal y coordinador de la fundación.
El ente de control aún investiga la ocurrencia de la conducta de Castilla y Galván, con la finalidad de verificar si es falta disciplinaria o causal de exclusión de responsabilidad.
Por este caso, tres personas están privadas de la libertad en centros carcelarios: Robert Emilio Fernández Tovar y su hermano, Lenin José Fernández Tovar, fueron recluidos en la cárcel La Picota, mientras que Rosa Virginia Laguna fue llevada a la cárcel del Buen Pastor.
En su momento fueron imputados por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento en concurso homogéneo sucesivo. En total fueron 70 menores los que estaban en dicha fundación.
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