El 21 de julio, la Defensoría del Pueblo reveló, en su último reporte, que durante el primer semestre de 2023 se registraron 92 de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que esto demuestra que la violencia en contra estos liderazgos no han cesado.
De acuerdo con las cifras de la Defensoría, entre enero y junio de 2023, los tres grupos que concentran más casos de asesinatos son: líderes comunales (22), líderes comunitarios (20) y líderes indígenas (16). Esto representa el 63% de los homicidios registrados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
En el reporte también se da cuenta de que estos asesinatos ocurrieron en 26 de los 32 departamentos del país, siendo el departamento de Cauca el que más homicidios registró: 17 casos. Le siguen Nariño y Antioquia, con siete casos cada uno; Valle del Cauca y Córdoba, con seis casos cada uno; y Bolívar y Cesar, en donde se registraron, en cada uno, cinco asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.
El defensor Camargo dijo que es “una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”.
Y si bien se registra una leve disminución, con respecto al mismo periodo de 2022 cuando se registraron 114 homicidios, desde la Defensoría del Pueblo ven con preocupación que la violencia en contra los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos pueda exacerbarse en los próximos meses, especialmente ahora que se acercan las elecciones regionales de octubre.
También hay que señalar que esta cifra mayor a la reportada Human Rights Watch (HRW) el 13 de julio. Según la ONG, entre enero y junio de 2023, 77 defensores de derechos humanos fueron asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores de derechos humanos en el mismo periodo.
De acuerdo con las cifras de HRW, los asesinatos, por meses, se dieron así: 12 en enero, 8 en febrero, 14 en marzo, 20 en abril (la cifra más alta), 12 en mayo y 11 en junio. La región más afectada es el Pacífico colombiano. En esta zona del país, la organización registró: 18 casos en Cauca, 6 en Valle del Cauca y Nariño, y uno en Chocó.
Naciones Unidas ve con preocupación ola de violencia en Colombia
El 20 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su preocupación por la persistencia de la violencia contra líderes sociales y excombatientes de las Farc, así como por el impacto en niños y jóvenes causado por grupos armados.
Por lo que exhortó al Gobierno nacional a tomar medidas y señaló que es necesario aumentar la presencia integral del Estado en las áreas afectadas por el conflicto, y señaló su preocupación por las violaciones y abusos contra la infancia, incluyendo el reclutamiento y uso de niños en conflictos armados.
También hizo un llamado al Gobierno para que adopte acciones que garanticen unas elecciones tranquilas en octubre e instaron al Gobierno nacional a toamr todas las medidas necesarias para asegurar una participación política justa y segura, incluyendo la de los excombatientes, como parte fundamental de su reintegración a la vida civil.
Desde la Misión de Observación de la ONU en Colombia emitieron un comunicado en el que advierten que, pese a las preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo de Seguridad, se “elogiaron los avances en el capítulo de reforma rural con respecto a la compra y formalización de tierras. Alentaron al Gobierno de Colombia a transferir las tierras previstas para fines de reforma rural a sus futuros beneficiarios, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, lo antes posible”.
Así mismo señalaron que desde el Consejo de Seguridad de la ONU ven con buenos ojos los esfuerzos del Gobierno nacional para buscar la paz a través del diálogo y “alentaron a todos los participantes en las negociaciones de paz a negociar de buena fe con el objetivo compartido de establecer protocolos para poner fin a la violencia y aliviar aún más el sufrimiento de la población civil”.
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