
Dentro de las múltiples reformas que planea el Gobierno de Gustavo Petro está la modificación de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Desde el ministerio de Educación presentaron el borrador del proyecto de ley y entre sus principales puntos figuran la inclusión de saberes ancestrales dentro de los programas educativos, la educación para personas privadas de la libertad, entre otros aspectos.
El 20 de julio fue presentado el borrador del proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación y, por otro lado, el proyecto de ley ordinaria por el cual se reformará de manera integral la Ley 30 de 1992.
Al respecto la ministra Aurora Vergara informó: “Vamos a reescribir juntos la historia de la educación en Colombia para garantizar un derecho fundamental que les permita a las futuras generaciones de colombianas y colombianos vivir con dignidad en una sociedad del conocimiento de vanguardia”.
Uno de los componentes principales de la reforma es el etnoeducativo, con el cual se busca llevar la educación superior a los territorios periféricos del país donde habitan distintas etnias indígenas y afrocolombianas.

En el parágrafo f del artículo 10 consignado en el borrador de la reforma presentada por el Gobierno se habla del componente de interculturalidad, que establece: “El derecho fundamental a la educación deberá tener en cuenta el conjunto de relaciones entre diferentes grupos sociales y culturales que conduzcan a un proceso dialéctico de constante reconocimiento, interacción y aprendizaje de los diferentes sistemas educativos propios y saberes ancestrales”.
La ministra Vergara señaló que uno de los objetivos principales de la reforma es permitir el acceso a educación superior en los territorios para que articule con el programa de Universidad en tu territorio, un programa del Gobierno Nacional que busca permitir a los jóvenes de las regiones del país el acceso progresivo a programas académicos en instituciones de educación superior.
Al respecto Andrés Mora Cortés, profesor de la Universidad Javeriana, dijo en diálogo con La República: “Esta propuesta obedece a la lógica de creación de universidades propias en los territorios, que podrían tener carácter especial, y generar sus propios requisitos de admisión y sus propios exámenes”.
En ese aspecto, el documento publicado por el ministerio de Educación indica que los grupos étnicos tienen derecho de participar en el diseño de sistemas educativos propios y el Estado garantizará la participación de estos a través del proceso de consulta previa, para que ellos mismos diseñen, administren y regulen sus instituciones y programas con el fin de que se adecúen a sus necesidades, historias y lenguas.

Durante su intervención en San Andrés durante el desfile militar del 20 de Julio, el presidente Gustavo Petro dijo que en la isla se construirá la Universidad Raizal del Caribe: “Para que la juventud no se vaya de estas islas, entonces tenemos que hacer conocimiento aquí, tenemos que construir una universidad de verdad, tenemos que garantizar que en las islas se pueda vivir a partir de los saberes (...) se transfiera la memoria de padres, abuelos y bisabuelos, así como sus músicas, sus historias y su cultura”.
Otro de los puntos que llamó la atención dentro del borrador es la propuesta educativa para personas privadas de la libertad. En el artículo 19 del documento se establece la educación superior como un derecho fundamental para las personas que se encuentran en un centro penitenciario.
“El Estado deberá garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, reza la primera versión del proyecto de ley próximo a radicarse en el Congreso de la República.
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