Luego de los combates presentados en Arauca entre las disidencias de las extintas Farc al mando de Iván Mordisco y tropas del Ejército Nacional, el frente 28 de esta estructura reconoció tener secuestradas a dos menores de edad que, según denunció, quedaron en medio del fuego cruzado.
Dicha versión fue desmentida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que afirmó durante el miércoles 19 de julio que no hubo presencia de civiles en medio de los combates registrados entre los municipios Tame y Puerto Rondón. Esto ante lo mencionado por Antonio Medina, cabecilla de la subestructura perteneciente al Estado Mayor Central.
Según lo indicado por Medina en un video conocido el martes 19 de julio, las niñas identificadas como Sara Valentina Ladino y Zaira Ladino Vargas, de 8 y 7 años de edad respectivamente, quedaron en poder del grupo residual tras ser halladas en medio del combate.
De igual manera, aseguró que los padres y otra hermana de las menores continúan desaparecidos, hecho que es investigado por autoridades locales y mecanismos internacionales.
El ministro Velásquez no solo desmintió a Antonio Medina, sino que ratificó la legitimidad de la operación coordinada por la Fuerza de Tarea Quirón, que dejó un saldo de siete disidentes neutralizados: cuatro capturados y tres abatidos. También exigió a las disidencias entregar a las niñas con vida como gesto para continuar con los acercamientos de paz.
“Todas las personas que están en poder de esas organizaciones sean entregadas, sean liberadas”, sostuvo el alto funcionario a la salida de la ceremonia del Día de los Héroes y su familia, en Bogotá. En ese orden, hizo un llamado al alto comisionado para la Paz para extender esa exigencia a los grupos armados que tienen personas secuestradas.
“En esto nuestra insistencia (es) igualmente con el alto comisionado para la Paz para que haga esas exigencias directamente en las mesas de conversación que tiene con esas organizaciones”, añadió. También insistió en que no es viable iniciar procesos de paz si no hay voluntad por parte de esas estructuras ilegales.
Por ello, instó a Danilo Rueda y la Oacp para instalar las mesas de negociación de manera eficaz y oportuna. Esta entidad ya se había pronunciado sobre el secuestro y sus consecuencias como violación al derecho internacional humanitario.
A comienzos de julio, el alto comisionado se refirió a la retención de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos (uno de ellos diagnosticado con autismo) en Arauca por integrantes del ELN en Arauca. Sobre esto, dijo que la no comisión de ese delito fue uno de los primeros acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones.
Concretamente, el primer apartado del protocolo de acciones específicas para el cese bilateral de carácter temporal y nacional expresó “no realizar las acciones prohibidas en el derecho internacional humanitario, en particular las contenidas en el protocolo II de 1977, adicional a los convenios de Ginebra”.
Esa normativa referenciada abarca la restricción rotunda de prácticas como el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años y el secuestro con fines extorsivos. Sobre este último, menciona que está expresamente prohibida en todo tiempo y lugar, tanto en guerras internacionales como en conflictos armados internos.
Con respecto al secuestro de las dos niñas por el frente 28 del EMC y la operación previa, la disidencia afirmó en un primer momento que el Ejército atacó la vivienda donde se encontraba refugiada la familia, a pesar de tener conocimiento de la presencia de tres menores de edad.
Según Antonio Medina, esta acción se produjo en medio de operaciones contra el comando conjunto de oriente Martín Villa de las disidencias que están en plena fase previa de instalación de la mesa de conversaciones con el Gobierno nacional.
En medio del operativo que se habría hecho con un dron, la fuerza pública abordó la vivienda donde se encontraban tres niñas en compañía de sus padres, identificados como Carlos Vargas y Leidy Mayerli Sánchez.
La familia, de acuerdo con la versión del frente 28, estaba refugiada en esa casa de Puerto Rondón porque fueron desplazados de su hogar en Villavicencio por parte del ELN.
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