
El 17 de julio, la Secretaría de Transparencia de Presidencia reveló el Mapa de la impunidad de la corrupción en Colombia, en el que se reúnen datos —como denuncias, fallos, sanciones— entre 2010 y 2023, para dar cuenta de cuáles son los departamentos en los que los delitos contra la administración pública quedan impunes. El informe, si bien tiene cifras importantes, ha sido cuestionado, pues se desconoce su metodología, así lo advirtió el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, que también dijo no haber recibido información sobre el Mapa de la impunidad.
El funcionario, que ponderó que se haya realizado este informe, reparó en que no se conoce la metodología con la que se consolidaron los datos expuestos en el informe de la Secretaría de Transparencia de Presidencia. También señaló que en la Contraloría se reciben, anualmente, 27.000 solicitudes y quejas y a “todas se les da respuesta de fondo”.
Durante la presentación del Mapa de la impunidad, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, dijo que llamaría a los entes de control para adelantar acciones frente a estos delitos. Sobre esto, el contralor (e) dijo que aunque han tenido “comunicación permanente” con la secretaría “para este caso en particular no hemos tenido comunicación directa”.
Críticas al informe: ¿Ligereza?
Luego de presentado el Mapa de la impunidad, el informe ha recibido algunas críticas, como las de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, que advirtió falta de rigor, según reseñaron en Sigue la W de WRadio. Allí, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, dijo estar preocupado por la ligereza del informe y que la metodología del mismo sigue siendo desconocida.

También advirtió que el informe le genera dudas, pues deja la sensación de que la justicia colombiana no funciona, y dijo: “Hacen falta explicaciones, sobre todo en la manera en que se tramitan estos datos respecto a llevar denuncias y separarlos para que generen una sanción para los involucrados”.
El exdirector anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación Carlos Fernando Guerrero dijo compartir la preocupación de Hernández: “Me parece que el trabajo que hizo la Secretaría de Transparencia requiere algo más de rigor. Probablemente, exigen entender cómo funciona la justicia y cómo se combate la corrupción”
Guerrero dejó entrever que se estarían mezclando peras con manzanas, pues el informe, anotando que “es desacertado una conclusión general de impunidad simplemente trayendo a colación un número de procesos iniciados en el sistema de la Fiscalía y decir que los que no han terminado en condena significan impunidad”.

Sobre esto, Hernández advirtió que “es muy difícil hacer análisis rigurosos si los datos no están siendo manejados adecuadamente. Estamos haciendo análisis en esta materia. Siempre nos ha causado preocupación que este tipo de actos requieran más capacidad para ser investigados y llevados a un proceso judicial. Esto es muy distinto a equiparar datos de denuncia a los que automáticamente fueran procesos judiciales. Eso no es correcto”.
Ambos recalcaron que no toda investigación que llegue a la Fiscalía y que no termine en una condena implica que haya impunidad. Hernández, sobre esto, dijo que hay muchas denuncias que “no le sirven para la Fiscalía, son inútiles para la justicia. De ahí el problema de tratar con cierta falta de claridad esos datos”. Mientras que Guerrero recordó que la justicia tiene sus tiempos y que “la Fiscalía no es que llegue a dar una condena al día siguiente de la denuncia. Tiene que hacer una investigación y convencerse (de) que tiene un caso para llevarlo ante los jueces. Solamente después de ese proceso se puede llegar a una condena”.
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