Cinco patrulleros de la Sijín de la Policía Nacional están siendo investigados por presuntamente recibir dinero para favorecer a un capturado. Se trata de Jhon Fredy Ríos Jaramillo, Yenier Adolfo Giraldo Quintana, Johan Esteban Pérez Hincapié, Andrés Camilo Gómez Toro y Jonathan Graciano Padilla, a quienes un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se define su situación jurídica.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación (FGN), tres de los procesados habrían participado en actos delictivos que ocurrieron en el barrio Robledo (Medellín) entre el 7 y 8 de septiembre de 2022. En esas fechas, Ríos Jaramillo, Giraldo Quintana y Pérez Hincapié capturaron a un hombre que presuntamente estaba involucrado en un caso de estafa.
Luego, para evitar que la Fiscalía pudiera tener acceso a un celular que fue incautado, que pertenecía al detenido y, al parecer, contenía información sobre sus acciones criminales, los tres uniformados recibieron la suma de un millón de pesos.
Además de esto, el patrullero Giraldo Quintana pidió al capturado 700.000 pesos para agilizar el traslado a su residencia, puesto que allí debía cumplir la medida de aseguramiento que le fue impuesta.
Los otros dos integrantes de la Policía investigados estarían involucrados en otro evento delictivo en el que recibieron dinero por parte del mismo capturado. Gómez Toro y Graciano Padilla, junto con el ya citado, Ríos Jaramillo, le exigieron al detenido dos millones de pesos para beneficiarlo en una nueva denuncia que surgió en su contra. Este hecho habría ocurrido el 31 de octubre de 2022.
Así las cosas, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín les imputó cargos por los delitos de concusión y cohecho propio. Ninguno de los cinco uniformados aceptó los cargos.
Según el Código Penal Colombiano, el delito de concusión se refiere a cuando un servidor público induce a alguien para que le dé dinero u otro tipo de beneficio. Esto, mediante el abuso de su cargo o de sus funciones. También aplica si la solicitud de dinero se hace para que sea entregado a un tercero.
La pena por cometer dicho delito es la siguiente: “Incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”, señala el Código.
Por su parte, un servidor público incurre en cohecho propio al recibir dinero u otra utilidad para sí o para un tercero. Esto, con el objetivo de retardar o no cumplir con una función propia de su cargo o para ejecutar un acto contrario a este.
Por este delito, la persona procesada “incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”, según la normativa penal colombiana.
Los presuntos sobornos a policías en Cesar
La comunidad del municipio La Paz (Cesar) denunció recientemente que uniformados de la estación de Policía estarían recibiendo sobornos con mercados para dejar salir a los presos, quienes buscarían resolver temas de carácter personal para luego, supuestamente, regresar al centro de reclusión.
“Estamos viendo que hay presos que salen, andan por el pueblo, van a las tiendas, incluso hemos visto a los reclusos saliendo del portón de la Estación de Policía en presencia de las autoridades”, le dijo uno de los denunciantes a RCN Radio.
Además de eso, los pobladores del municipio aseguraron que los detenidos presuntamente se movilizan en patrullas de la Policía y que también tienen celulares que usan dentro de los centros de detención.
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