
Nuevamente en la conflictiva región del Catatumbo, en zona de frontera con Venezuela, se reportó de un hecho de inseguridad en contra de un organismo internacional, en este caso las víctimas fueron funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) a quienes los despojaron de su vehículo el miércoles 12 de julio.
La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta oficial de Twitter, atribuyó el hurto a las estructuras criminales que delinquen en la zona.
“Rechazamos el robo de un vehículo en el que se movilizaban funcionarios de @MAPPOEA en sector El Ramal en El Carmen, #NorteDeSantander. Pedimos a grupos armados ilegales respetar las misiones humanitarias y de defensa de #DDHH en los territorios (sic)”, publicaron en la red social.
La entidad gubernamental, que propende por la protección de los Derechos Humanos, expresó su preocupación porque no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones en esa región del oriente del país.
“Desde la @DefensoriaCol hemos advertido el preocupante escenario de riesgo para el trabajo de organismos humanitarios en la región del Catatumbo. Reiteramos las recomendaciones formuladas en las #AlertasTempranas 004 de 2021 y 025 de 2021 (sic)”, indicaron.
En febrero de este año se había reportado un hecho similar, donde los afectados fueron funcionarios de la Misión de Verificación de la ONU a quienes hombres armados les hurtaron el vehículo en el que se movilizan en el corregimiento de Otaré, también en el municipio de El Carmen.
“Estas personas los hacen bajarse del vehículo, les quitan las prendas identificativas como miembros de la ONU. En ese momento, el Ejército y la Policía activamos unos planes candados para ver si podíamos hacer la recuperación del vehículo”, reportaron en esa ocasión las autoridades del departamento.
Por fortuna, aparte del robo no hubo más hechos que lamentar, ya que los funcionarios regresaron ilesos a Ocaña, según detallaron en un comunicado del mismo organismo.
Se debe recordar que en El Catatumbo delinquen la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC y en menor medida las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo, quienes se disputan las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales como el tráfico de migrantes.
No obstante, hasta ahora el hecho más grave en contra de organismos internacionales se registró en enero de 2022, en la población de Puerto Nuevo, en zona rural del departamento del Guaviare, donde un grupo de hombres armados incendió dos vehículos de la Misión de Verificación de la ONU.
Los funcionarios se movilizaban, junto con miembros de la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y del Consejo Noruego para los Refugiados, cuando fueron abordados por personas armadas quienes les hicieron bajar de los vehículos.
“Dos de los tres vehículos de la comitiva fueron incinerados unos minutos más tarde en el lugar de los hechos, (no obstante), los integrantes de la comisión regresaron ilesos”, agregó el organismo en un comunicado.
El entonces alto consejero presidencial, Emilio Archila, informó en la emisora La W Radio que los delincuentes se presentaron como disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que están bajo el mando de ‘Gentil Duarte’ que en mayo de ese año resultó muerto tras un ataque de otro grupo armado ilegal, que se señala que fue otra disidencia del desaparecido grupo guerrillero o el ELN, aunque este último negó su autoría.
El Catatumbo es una de las regiones prioritarias del Gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar su política de Paz Total, que no solo busca negociar el fin de la violencia con los grupos armados, sino que engloba estrategias para garantizar el desarrollo de los territorios más abandonados del país, especialmente en materia de educación y salud.
(Con información de agencias)
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