El primero de julio se publicaron una serie de audios en los que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga confiesa que siempre supo que a su campaña de 2014 había ingresado de forma irregular dineros de la multinacional Odebrecht, pese a haberlo negado públicamente por nueve años. Los audios fueron entregados por Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a la Fiscalía, que le imputará cargos a Zuluaga, según se anunció el 13 de junio.
En los audios, Zuluaga además de confesar que tenía conocimiento de que a su campaña entraron, sin que fueran declarados ante las autoridades electorales, 1′600.000 de dólares, le decía a García Arizabaleta que una de sus principales preocupaciones era proteger a su hijo David Zuluaga, que por haber sido el gerente de la campaña de 2014 también está siendo investigado por la Fiscalía.
Así las cosas, el futuro de los Zuluaga —a los que la Fiscalía les imputará los delitos falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, en el caso de Óscar Iván; y el delito de fraude procesal a David Zuluaga— tiene varios escenarios, en el que el primero es que se acepten los cargos que les endilga la Fiscalía para buscar beneficios jurídicos, como la rebaja del 50% de la pena que a la postre les imponga un juez de la República.
Ahora bien, si no se acogen a los cargos durante la imputación, el porcentaje de reducción de la pena irá disminuyendo en la medida que avance el proceso. Así se lo explicó el abogado penalista Camilo Burbano a El Tiempo:
Otro escenario es que busquen negociar preacuerdos con la Fiscalía en los que, si reconocen la responsabilidad en los cargos que les imputarán, podrían conseguir rebajas de pena, pero que no los salva de alguna medida de aseguramiento que el juez determine en el curso del proceso. También existe la posibilidad de que firmen un principio de oportunidad para comprometerse a prender el ventilador y declarar en contra de personas que no han sido, hasta ahora, judicializadas o vinculadas al caso.
Es importante advertir que, según lo prevé la Ley 1312 de 2009, con la firma del principio de oportunidad, que debe avalar un juez de la República, la Fiscalía renuncia a perseguir el delito contra quien lo firma, librándose, así, la persona, de ir a la cárcel. En el caso de Daniel García Arizabaleta, un juez avaló el principio de oportunidad que firmó con el ente acusador y con el que se comprometió a confesar todo lo que sabe sobre el ingreso de dineros a la campaña de Zuluaga.
En caso de los Zuluaga, al cierre de esta nota no se ha programado la audiencia de imputación de cargos.
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