
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó un lujoso inmueble ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, que contaba con medida de extinción de dominio y que estaba siendo ocupado irregularmente por el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga y su familia desde diciembre de 2022.
Esta incautación había tratado de ser impedida por medio de una acción de tutela interpuesta por Laura Botero, esposa del excontralor, en la que pedía respetar el derecho a una vivienda digna para sus dos hijas menores de edad, pero el Juzgado 35 civil del circuito de Bogotá negó dicho recurso y permitió el desalojo de la vivienda, que está en proceso de extinción de dominio desde 2019.
La tutela asegura que “el señalado predio es único propiedad de las accionantes y los destinan para vivienda familiar. La casa se adquirió gracias a los ahorros, cesantías y salarios como profesionales durante muchos años de trabajo de los cónyuges. Adicionalmente, por medio de créditos bancarios y laborales fue adquirido en el año 2016, antes de la fecha de los hechos investigados, ocurridos entre el 2018 y 2019″.
También se lee que cuando la Fiscalía 65 Especializada en Extinción de Dominio puso a disposición de la SAE el inmueble, la familia lo tenía arrendado porque residía en Cartagena y que ese alquiler era su única fuente de ingreso, por lo que “al dejar de percibir este ingreso la situación económica de la familia se tornaba completamente vulnerable”.

Mauricio Urquijo, gerente regional de occidente de la SAE, le contó a la emisora Blu Radio la respuesta que dieron desde la entidad a esa tutela. “Nosotros contestamos la acción de tutela argumentando que ellos tenían capacidad económica porque aparecían en bases de datos de seguridad social como personas cotizantes al régimen de seguridad social, han tenido contratos con la administración pública y que hay suficiente oferta institucional de la Alcaldía y el ICBF para atender a sus hijos si quedaban en condición de calle”.
El proceso de desalojo había sido frenado por 20 días, pero finalmente se desarrolló con la compañía de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana. Zuluaga se encontraba en el inmueble al momento de la diligencia. La casa estaba en buen estado, pero ya había sido desocupada por completo.

En 2019, el excontralor fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación a una investigación por pertenecer a una red de corrupción que ocultaba hallazgos fiscales en alcaldías y municipios de Antioquia a cambio de favores personales y dádivas.
“Entre los años 2017 y 2018 algunos servidores de la Contraloría General de Antioquia que detectaron hallazgos fiscales durante las auditorías de rutina, pero se habrían abstenido de denunciar las irregularidades a cambio cuantiosas sumas de dinero o la adjudicación de millonarios contratos”, dijo la Fiscalía en su momento.
Zuluaga fue imputado junto con otros siete funcionarios por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Por ese motivo fue capturado el 18 de agosto de 2019 y fue puesto a disposición del Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías. Pero tras varias audiencias, el juez consideró que la Fiscalía incumplió con su carga “argumentativa y demostrativa”, por lo que decidió que el exfuncionario podía cumplir con su proceso judicial en libertad al no ser merecedor de una detención preventiva.
No obstante, en 2021 Zuluaga fue destituido de su cargo por la Procuraduría por las acusaciones de la Fiscalía. Actualmente, sigue siendo investigado por irregularidades durante su etapa como contralor.
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