Dos presuntos agresores de perros fueron judicializados, uno de los animales murió y el otro perdió una pata

Los sindicados fueron presentados ante jueces de control de garantías después de cometer las agresiones, en hechos que se registraron en los departamentos de Nariño y Bolívar

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En el 2022, las autoridades
En el 2022, las autoridades ejecutaron 579 incautaciones de animales víctimas de maltrato animal, tan solo en Bogotá, la capital del país.(Pixabay)

Tras semanas de investigación, funcionarios del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) lograron recolectar las pruebas y argumentos suficientes para llevar ante jueces de control de garantías a dos hombres sindicados de haber perpetrado graves agresiones físicas en contra de dos perros.

Los hombres, que habrían cometido los ataques contra los caninos en Cartagena y en el municipio de Guaitarilla (Nariño), podrían afrontar penas de hasta 36 meses de prisión, además de multas económicas en caso de que se llegue a comprobar su completa responsabilidad en los hechos.

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, el primero de los hechos los habría protagonizado Danny Alexis Araujo Getial, que el 22 de enero de 2023 le habría disparado con una pistola de aire comprimido a un perro llamado Roki, luego de que el canino hubiera entrado a un establecimiento comercial de su propiedad.

Araujo reaccionó violentamente una vez el perro ingresó a su cerrajería y realizó sus necesidades fisiológicas allí. El disparo le causó al canino una hemorragia en la cavidad torácica y una contusión pulmonar, lo cual le causó la muerte a pesar de que fuera trasladado a una veterinaria en donde especialistas intentaron rehabilitarlo.

Una vez puesto bajo las autoridades, el sindicado fue imputado por el delito de maltrato animal agravado y está a la espera de que un juez de control de garantías dictamine su sentencia, luego de los hechos que se registraron en Guaitarilla, Nariño y que generaron el repudio de la comunidad.

Por otra parte, José Armando Ramos Saltarín fue solicitado por fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal tras estar sindicado por presuntamente golpear a un perro llamado Niño luego de que mordiera a uno de sus hijos en zona urbana de Cartagena, tal como lo indicó la Fiscalía General de la Nación.

En los hechos que se habrían registrado el 20 de marzo de 2023, el sindicado habría levantado al canino en varias oportunidades para posteriormente arrojarlo contra el piso y propinarle varios golpes con una silla ante la mirada de los miembros de su familia, lo que generó múltiples heridas en el animal.

Producto de las agresiones, Niño sufrió la fractura de una de sus patas traseras. La lesión desencadenó que, a pesar de haber sido trasladado a un centro médico veterinario donde especialistas le brindaron la atención necesaria, al perro le tuvieran que amputar la extremidad debido a la gravedad de la herida.

Tras haber sido puesto bajo fiscales del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal, al sindicado se le imputó el delito de maltrato animal, basándose en la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, en la que se entabla un marco de “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono” en el trato de los seres humanos hacia los animales.

Ramos Saltarín, que no aceptó cargos, se expone a multas que van desde 5 a los 50 salarios mínimos, además de posibles condenas desde 12 a 36 meses en prisión tras haber incidido directamente en la amputación de la pierna de Niño. El sindicado podría ser inhabilitado para tener mascotas en su poder por un largo periodo de tiempo.

Las condenas y multas podrían ser aún más severas de comprobarse que en las agresiones se cometieron los siguientes agravantes:

- Sevicia.

- Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público.

- Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos.

- Cuando se cometan actos sexuales con los animales.

- Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.

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