El 16 de junio, en horas de la noche, con 99 votos a favor y 3 en contra, se aprobó el polémico proyecto que busca la actualización del Código Electoral que rige en el país desde 1886. El trámite, que contempla cambios sustanciales en futuras elecciones, ha suscitado la crítica de varios congresistas que consideran algunos artículos inconstitucionales, además de incrementar la burocracia del país.
Dentro de los señalamientos de los opositores a la actualización, que hace parte de la amplia lista de reformas propuestas por el Gobierno Petro, se recalca sobre los posibles poderes que se le otorgarían a Alexander Vega Rocha, actual registrador nacional y uno de los líderes de este cambio al código, ya que en sus artículos 11 y 15 del proyecto estatutario 418 de 2023, se le asignarían funciones especiales como el libre nombramiento de delegados y registradores departamentales, especiales y auxiliares. Según Catherine Juvinao, estos artículos se consideran inconstitucionales y van en contra de la carrera administrativa que deben tener los funcionarios y candidatos a cargos de la Registraduría Nacional.
“El artículo 266 de la constitución política es claro. Los servidores públicos de la registraduría entran por carrera administrativa en un régimen especial y no son de libre nombramiento, son únicamente de libre remoción. A mí de verdad me impresiona que esta plenaria esté dispuesta a votar un artículo en contra de la constitución, de manera tan increíblemente evidente y clara” discutió por su parte la representante por Bogotá.
Asimismo, dentro de las modificaciones del Código Electoral, se contempla la ampliación de dos a tres delegados departamentales de la Registraduría, lo que se criticó por significar un aumento en los costos electorales.
Dentro de la lluvia de críticas, que estuvo liderada por Juvinao, también se hizo énfasis en el artículo 245 del polémico proyecto, que daría facultades a la Registraduría Nacional para adelantar contratos bajo la premisa de seguridad nacional, lo que impediría que se revelaran ciertos datos por tratarse de material sensible. “Las actividades que tengan como objetivo el cumplimiento de la misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil que son consideradas como seguridad y defensa nacional serán exclusivamente aquellas que se ejecuten directamente para la realización de la función de registro civil, la identificación, los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana” se logra leer en el documento aprobado por la Cámara de Representantes.
El paso al voto electrónico mixto también hizo mella entre los congresistas, por considerarse que el país aún no cuenta con las garantías suficientes para implementar un sistema eficaz y libre de riesgo de fraude electoral. Aún sí, en el parágrafo transitorio del artículo 242, se estipuló que “los planes piloto vinculantes podrán implementarse a partir de las elecciones atípicas, de juventudes o las previstas en el calendario electoral ordinario a partir de 2026″, lo que daría vía libre al uso de tecnología en futuros comicios.
Otro de los cambios previstos tiene que ver con los horarios de votación en las jornadas electorales. Según el documento, se ampliaría en una hora el plazo para que los sufragantes asistan a las urnas; es decir, las votaciones irían desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. cuando suene el himno nacional.
Los colombianos también tendrían mayores garantías de ser sancionado el proyecto. Pues este contempla la opción de ampliar el beneficio de descanso remunerado, que actualmente se mantiene en media jornada laboral por ejercer el derecho al voto, y pasaría a ser un día laboral con posibilidad de ser sumado a las respectivas vacaciones de ley, siempre y cuando sea solicitado dentro de los tiempos que establece la norma.
El documento final tendrá que ser conciliado por la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, fecha en la que se termina el periodo legislativo. Adicionalmente, el proyecto tendrá que pasar por revisión de la Corte Constitucional antes de llegar a sanción presidencial. Según la congresista Catherine Juvinao, la reforma que se aprobó por Cámara y Senado no logrará llegará a manos de Gustavo Petro, por contener artículos que atentan contra la constitución política del país.
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